Una nueva tragedia por violencia de género sacude a Caiapônia, un municipio en el occidente de Goiás. Jhorlianny José Sánchez Gil, una ciudadana venezolana de 28 años, perdió la vida dentro de su propia casa en un acto que representa una de las realidades más crudas que viven las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Según las autoridades locales, el principal sospechoso es su expareja, un hombre cuya identidad aún no ha sido divulgada oficialmente. Lo más grave es que contra este individuo ya existía una orden judicial que le prohibía acercarse a la víctima, una medida de protección que resultó inútil. Sin embargo, él irrumpió en la vivienda, iniciando una pelea que rápidamente se tornó mortal. El ataque consistió en puñaladas en el cuello que acabaron con la vida de Jhorlianny en cuestión de momentos.

La escena ocurrió ante los ojos de su hija menor, quien presenció todo aterrorizada. Con una valentía que rompe el corazón, la niña logró escapar y buscar refugio en la casa de vecinos, quienes inmediatamente llamaron a la Policía Militar. Una vecina, con gran presencia de mente, no solo alertó a las autoridades sino que siguió los movimientos del agresor para evitar que escapara. Cuando el hombre intentaba huir en un vehículo, los policías lo interceptaron tras una breve persecución. Durante el interrogatorio, confesó sin rodeos haber apuñalado a Jhorlianny.

La historia detrás de este crimen es profundamente triste. Jhorlianny había llegado a Brasil hace dos años y medio buscando lo que millones de migrantes persiguen: un futuro mejor para sus hijos. Uno de ellos quedó en Venezuela mientras que el otro vivía con ella en Caiapônia. Ella trabajaba en una estación de servicio, se esforzaba día a día, y según sus allegados, había tomado la decisión valiente de terminar la relación con su agresor hace apenas unos meses, en diciembre.

El feminicida permanece bajo custodia mientras las investigaciones continúan. Este caso ha reabierto un debate incómodo pero necesario: ¿realmente funcionan las medidas de protección para mujeres en riesgo de violencia doméstica? ¿Y qué pasa cuando esas mujeres son migrantes, enfrentando obstáculos adicionales para acceder a la justicia?