La noche del martes 2 de junio, una patrulla del Batallón Especial Energético y Vial Nº 21 realizaba labores de vigilancia en la vereda Los Negritos, municipio de Teorama, cuando fue atacada por integrantes del ELN. El grupo armado utilizó drones modificados con cargas explosivas, una táctica que viene siendo cada vez más frecuente en esta región del país. El ataque cobró la vida del soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo e hirió a dos más de sus compañeros, quienes fueron evacuados por aire hacia un hospital en Cúcuta.

Desde el Ejército rechazaron categóricamente esta forma de ataque. La institución castrense señaló que "fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por integrantes del grupo armado organizado ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos". En un comunicado, el Ejército denunció que "el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados" es una "práctica terrorista que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a las comunidades de la región".

La situación en Norte de Santander se ha deteriorado considerablemente. El ELN y la disidencia de las Farc conocida como frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente, comandada por Alexánder Díaz Mendoza, disputan el control territorial de zonas como el Catatumbo. Esta guerra entre grupos ha escalado desde enero de 2025, dejando no solo combates y drones bomba, sino también campos minados que ponen en peligro a los militares que patrullan la zona.

Los números son desgarradores. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre enero y abril de este año fueron asesinados 30 miembros de la Fuerza Pública en cumplimiento de su deber. Eso significa una muerte cada cuatro días en promedio. De esas víctimas, 13 fueron soldados, 16 patrulleros de policía y un auxiliar bachiller. Además, hay nueve uniformados secuestrados: cinco militares y cuatro policías, sin contar dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía que también están en poder de los grupos armados.