La muerte de Martín Olivo deja en evidencia una cruda realidad del sistema de salud en Santa Marta: la demora en trámites administrativos que puede costar vidas. El hombre falleció en la madrugada del martes después de permanecer más de 40 días hospitalizado esperando una autorización que, según su familia, nunca llegó.

Todo comenzó cuando Martín presentó complicaciones de salud en su casa del barrio Cristo Rey. Lo trasladaron con urgencia a la Clínica Avidanti, donde los médicos lograron estabilizarlo e hicieron estudios diagnósticos. Allí encontraron algo que los preocupó: una posible masa en el hígado que requería confirmación especializada. Para confirmar el diagnóstico, necesitaban una biopsia en un centro de mayor complejidad fuera de la ciudad.

Pero aquí es donde la historia toma un giro que sus seres queridos no pueden explicarse. El traslado dependía de una autorización administrativa de la Nueva EPS. Las semanas pasaron. La familia hizo solicitudes, llenó papeles, intentó acciones legales. Nada. El paciente seguía hospitalizado, sin acceso al procedimiento que necesitaba, mientras su salud se deterioraba poco a poco.

Sus familiares no dudan en calificar lo que sucedió como negligencia. Aseguran que pese a la urgencia médica y a todas las peticiones que realizaron, no se garantizó un traslado oportuno. Para ellos, las demoras en los trámites de la Nueva EPS influyeron directamente en el desenlace fatal. Ahora piden que las autoridades investiguen el caso y determinen responsabilidades dentro del sistema de salud.

El fallecimiento de Martín no es aislado. Expone un problema estructural: los tiempos de respuesta para remisiones de pacientes que necesitan atención especializada siguen siendo insuficientes en la ciudad. Mientras burocracia y procesos se mueven lentamente, hay vidas en juego.