La mañana del 19 de febrero en el barrio El Plan de Suba amaneció teñida por la violencia. Todo comenzó cuando un adulto mayor, con el legítimo derecho de caminar tranquilo por un andén, le pidió a un motociclista domiciliario que no invadiera ese espacio. La respuesta fue brutal: golpes, amenazas y el despliegue de un arma contundente que convirtió un simple reclamo en una agresión física.

Según lo que quedó registrado en video por vecinos del sector, el motociclista descendió de su moto visiblemente alterado en la intersección de la calle 152 con carrera 72. Sin pensarlo dos veces, comenzó a lanzar puñetazos contra el abuelo, quien intentaba protegerse mientras retrocedía. Pero la cosa no paró ahí. El conductor llegó al extremo de sacar una tonfa, que es un arma contundente que llevaba en su maleta de servicios, para amenazar tanto al adulto mayor como a los vecinos que se atrevieron a intervenir para evitar que la situación escalara a algo peor.

Lo que pudo haber sido una simple falta de tránsito se convirtió en un problema penal. La norma es clara: según la Resolución 3027 de 2010, transitar por andenes o zonas exclusivas para peatones trae consigo sanciones económicas severas. Pero cuando hay agresión física de por medio, el asunto trasciende lo administrativo para entrar en terreno criminal.

Los habitantes de Suba están indignados y con razón. Han visto cómo la violencia se apodera de espacios que deberían ser seguros para gente como ese adulto mayor que solo quería preservar el orden público. Por eso exigen a las autoridades y a las plataformas de domicilios que identifiquen y sancionen al responsable, antes de que hechos como este se normalicen en las calles de la ciudad.