Cada madrugada en Colombia millones de personas se despiertan a las 4 de la mañana. No buscan privilegios del Estado. No piden regalos. Solo quieren trabajar, moverse y llevar el pan a sus casas. Pero eso es exactamente lo que el sistema se encarga de hacerles difícil.

La moto se convirtió en máquina de multas y castigos para quien menos recursos tiene. Cuando un motero ve un retén en la carretera no siente seguridad. Siente miedo. Ese puesto de control puede significar una multa, la inmovilización del vehículo o, en el peor de los casos, perder la moto en un patio del que jamás volverá a sacar. Y mientras eso pasa, la familia se queda sin cómo llegar al trabajo.

Los números hablan solos. Hoy circulan más de 13,5 millones de motocicletas en Colombia, lo que representa el 63% de todo el parque automotor nacional. Según la ANDI, el 91% de quienes compran moto pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Son trabajadores, estudiantes, pequeños comerciantes, campesinos, domiciliarios, mensajeros y mototaxistas. En miles de municipios, la moto no es una opción de lujo: es el único transporte real que existe.

El problema más evidente es el SOAT. Para un trabajador informal que gana entre el salario mínimo o menos, pagar entre 150 mil y 250 mil pesos por un seguro obligatorio puede significar una semana completa sin comer bien. No es que la gente no quiera cumplir la ley. Es que simplemente no tiene cómo. Por eso más del 60% de las motos circulan sin este seguro, muchas con pólizas falsas que no protegen a nadie. Una ley imposible de cumplir termina siendo una ley que casi todos incumplen.

Frente a esta realidad, Paloma Valencia radicó un proyecto de ley llamado Moto Justa que reconoce lo que la política tradicional ignoró durante años. La iniciativa propone que los propietarios de motos de hasta 250 c.c. accedan a un SOAT cero, financiado por el Estado. El acceso sería automático, validándose directamente con el RUNT y la licencia de tránsito, sin trámites ni filas. Valencia sugiere financiar esto con recursos del desmonte del Ministerio de la Igualdad, una entidad que según su crítica consume billones sin resolver problemas reales.

Cada mes más de 4 mil motos terminan en patios. Detrás de cada una hay una familia que pierde ingresos, un trabajador que no puede producir y una persona que siente que el Estado le quitó lo poco que tenía. Colombia necesita entender que la seguridad vial no puede seguir pagándola exclusivamente el trabajador más pobre. Una ciudadanía protegida y en movimiento es lo que el país realmente necesita, no perseguir al que madruga.