El acto de que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, mostraran públicamente sus tarjetones marcados durante la jornada electoral generó un intenso debate sobre qué tan seguras están las garantías democráticas en el país. Lo que en otros contextos podría pasar desapercibido aquí levantó las alarmas entre observadores electorales y autoridades de control.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, fue clara en su posición: ese tipo de comportamiento de mandatarios de alto nivel no es un detalle menor. Explicó que todo el engranaje logístico del país está diseñado para que cada votante pueda marcar su preferencia en privacidad, precisamente para proteger su libertad frente a posibles presiones externas. "El ejemplo debe ser: llegamos (…) no vamos vestidos con ningún tipo de identificación que muestre cuál es nuestra preferencia electoral, no permitimos que nadie vea nuestro voto para que después no nos puedan constreñir, para que después no nos puedan obligar a hacerlo en cualquier otro tipo de elección", señaló Barrios. Su preocupación es que si los funcionarios públicos muestran sus votos, otros ciudadanos podrían sentirse justificados para hacer lo mismo o permitir que se viole su secreto en las mesas de votación.

Cuando se le preguntó si esto constituía participación política prohibida, Barrios aclaró que esa valoración no es competencia de la MOE. Dejó en manos de las autoridades competentes y organismos de control, incluyendo a la Procuraduría, determinar si hubo una violación de las normas. Esto cobra importancia porque existe un reciente fallo del Consejo de Estado que prohíbe a funcionarios de alto rango hacer propaganda electoral.

El procurador general, Gregorio Eljach, ofreció una perspectiva jurídica diferente que le quitó algo de dramatismo al asunto. Según su interpretación, la constitución protege el derecho del elector pero no lo obliga a mantener su voto en secreto. "El secreto del voto es una garantía democrática, no una obligación", explicó Eljach. Con esto quiso decir que cada ciudadano es completamente dueño de su decisión: puede mostrar su tarjetón si así lo desea, pero también tiene derecho a guardarlo en privacidad. La diferencia es sutil pero importante: una cosa es tener la opción de votar en secreto, y otra muy distinta es estar obligado a hacerlo.