Dos días después de los comicios, la Misión de Observación Electoral mantiene su postura firme: no hay fraude. Mientras el presidente Gustavo Petro sigue sembrando dudas sobre la integridad del proceso electoral, pasando de cuestionar el software a poner en entredicho el escrutinio mismo, la MOE presenta un análisis distinto basado en el trabajo de más de 3.700 observadores desplegados en Colombia y en 17 países. La directora de la organización, Alejandra Barrios, fue contundente en su mensaje: "no estamos viendo un fraude, ni líos en el software o en la transmisión de datos, sino errores humanos en el llenado de los formularios E14".

El trabajo de observación de la MOE cubrió más de la mitad de los municipios colombianos, un despliegue que les permitió recibir 564 reportes de posibles irregularidades y delitos electorales. La cifra suena preocupante, pero el análisis de Barrios matiza los hallazgos. Casi la mitad de esos reportes estaban relacionados con funcionamiento deficiente en las mesas de votación, principalmente confusiones sobre la entrega de tarjetas en las consultas internas. Los jurados de votación fueron en algunos casos intimidados o confrontados sobre si debían ofrecer o no estas tarjetas, un problema que la MOE señala como una cuestión de capacitación y pedagogía electoral para futuras elecciones.

Lo que sí generó alarma fue el uso de celulares para fotografiar tarjetas electorales, práctica que históricamente está asociada con compra de votos. También llamó la atención el movimiento de dinero en efectivo previo a la jornada. La Policía incautó aproximadamente 3.700 millones de pesos, cifra que según Barrios apenas representa "la capa superior" de los recursos que realmente circularon. Aquí Barrios hizo un llamado directo a los partidos políticos: tienen que responsabilizarse de lo que hacen sus candidatos y equipos de campaña. "Un partido no entrega un aval y se desentiende del candidato", fue su crítica.

Otro aspecto grave fue el uso indiscriminado de WhatsApp y llamadas por parte de las campañas políticas. Barrios lo denominó una "violación al habeas data", porque los ciudadanos no autorizaban el envío de esa propaganda y las bases de datos fueron vendidas y entregadas sin los permisos requeridos. En cuanto a irregularidades en publicidad, se registraron 149 reportes, principalmente por propaganda electoral dentro o muy cerca de puestos de votación.

Sobre los cuestionamientos del presidente Petro respecto a diferencias entre el preconteo y el escrutinio, Barrios fue clara: "preliminarmente no hemos encontrado ninguna tendencia que nos lleve a decir eso". Los errores que circulan en redes sociales, según la MOE, corresponden a marcaciones manuales incorrectas, no a problemas sistémicos. En algunos casos, el 20% de las mesas requirió un procedimiento de nivelación, que consiste en destruir votos al azar cuando hay más votos que votantes registrados. Esto puede ocurrir por confusión entre mesas cercanas, por la práctica del "carrusel" o simplemente por error administrativo, pero no es evidencia de fraude.

Respecto al rol del presidente en la vigilancia electoral, Barrios fue tajante: "hay rayas que no se pueden cruzar". Enfatizó que las funciones de vigilancia electoral corresponden a los partidos políticos y a la Procuraduría, no al Ejecutivo. Si el presidente se convierte en técnico electoral, advirtió, ¿por qué extrañarse si gobernadores y alcaldes hacen lo mismo? Eso, según la MOE, socava la responsabilidad que deben asumir los partidos sobre sus propios procesos. El balance final de la organización seguirá en construcción hasta el jueves, cuando espera presentar un informe completo sobre los errores administrativos identificados, pero la conclusión preliminar es clara: el proceso electoral funcionó.