Cinco alertas de rojo levantó la Misión de Observación Electoral el 18 de febrero en Cúcuta. No fue un informe de rutina: fue un llamado de atención directo a la Novena Comisión Nacional de Seguimiento Electoral sobre lo que puede salir mal en la jornada del 8 de marzo si no se actúa ya. Según la MOE, cada uno de estos problemas toca un punto vulnerable de las elecciones: logística, normas, comunicación, tecnología y dinero.

El primero es el clima. Con base en datos del IDEAM, la MOE reportó que 2.884 puestos están en alerta roja por lluvia. Eso significa que 5.516.162 personas habilitadas para votar, el 13,4% del total nacional, enfrentan riesgos logísticos para acceder a las urnas. La advertencia llegó también a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, donde pidió un seguimiento muy de cerca, y pidió cuidado especial para que la entrega de ayudas humanitarias no se convierta en campaña disfrazada.

El segundo problema apunta al CNE. La MOE encontró que las decisiones sobre cancelación de listas revelan un vacío de claridad normativa. Hay desacuerdos entre el CNE y el Consejo de Estado sobre cómo aplicar el límite del 15% para coaliciones. Lo grave es que esas reglas se han comunicado y aplicado después de que ya se hicieron las consultas. Eso abre la puerta a demandas y debilita la seguridad jurídica que necesitan los candidatos y partidos.

En tercer lugar está la confusión que generan los mensajes cruzados sobre cómo diligenciar el Formulario E-14, que es el acta de escrutinio en cada puesto. El 16 de febrero saltó a la discusión pública, luego la Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró puntos. Para la MOE, esto es un riesgo real: si la información técnica sobre cómo votar y contar votos no es clara y oficial, esa confusión se vuelve munición para las redes y para quienes quieren sembrar dudas sobre el proceso.

La tecnología también está en la mira. El CNE contrató una solución informática para acreditar a testigos y observadores electorales por 384.266.333.333 pesos, cantidad que representa el 13,64% de todo lo presupuestado para elecciones de Congreso y Presidencia. Pero la MOE encontró fallas en las pruebas: problemas al cargar información en masa y manuales de uso poco accesibles. Si esto no se corrige a tiempo, se pueden perder plazos y se compromete el trabajo de vigilancia electoral.

El quinto punto toca el dinero de las campañas. De 2.891 candidaturas registradas, solo 479 han reportado sus finanzas en Cuentas Claras, la plataforma de transparencia. Eso es apenas el 16,5%. En Senado llega al 20,19% y en Cámara al 14,41%. El rezago es aún más grave en circunscripciones especiales. Sin reportes a tiempo, cae la transparencia sobre de dónde viene la plata que financia campañas, y crece la desconfianza pública.

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