La alarma sobre la seguridad electoral suena cada vez más fuerte. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, advirtió en entrevista con Caracol Radio que a pocos días de las elecciones presidenciales, la expansión y fragmentación de los grupos armados ilegales representa una amenaza seria para que los colombianos puedan votar sin presiones. Las zonas donde operan estructuras como el Clan del Golfo requieren vigilancia especial.

Para Barrios, el panorama es preocupante. De los 975 municipios con territorios rurales en el país, 555 tienen presencia de grupos ilegales y 207 son escenarios de enfrentamientos sangrientos por el control territorial. Aunque aclaró que la presencia armada no necesariamente determina quién gana las elecciones estadísticamente, sí bloquea el ejercicio democrático sano. "Para poder mantener estas zonas, tiene que haber un control estricto de quiénes van a estos lugares y de quiénes son sus jefes, esto con el fin de que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura", señaló en Caracol Radio. La directora explicó además que "no se veía dominio donde se pudiera poner un senador o una senadora de la República. Pero sí se impide la realización de un proselitismo libre".

Lo que complica todo es que no hay un mando único entre los criminales. "Estamos en un momento de confrontación entre diferentes grupos armados. No hay hegemonía fuerte y eso significa territorios muchísimo más peligrosos", advirtió Barrios. A esto se suma que pese a los esfuerzos del Gobierno en seguridad, "estamos en un contexto de profundización de la violencia y con una gran dispersión de grupos armados ilegales".

La MOE también detectó otra irregularidad que preocupa. "Hemos recibido información sobre presunta participación política de funcionarios públicos", reveló Barrios. Esa información ya está en manos de los organismos de control para las sanciones correspondientes. Barrios aclaró que finalmente será "un tema que tendrá que afrontar y decidir el señor procurador general de la Nación de acuerdo a las pruebas que se presenten".

Por su parte, Hernán Penagos, registrador nacional, insistió en asegurar varias zonas del país donde hay dificultades de seguridad. Advirtió que más de un centenar de municipios enfrentan riesgo alto por la presencia de grupos armados. "Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar las zonas y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho", afirmó Penagos. Las autoridades electorales piden que se redoblen esfuerzos para garantizar que los ciudadanos puedan votar libremente, sin intimidaciones ni controles ilegales.