En las elecciones legislativas de 2026, Colombia no logró saltar el obstáculo de la abstención. Según un análisis de Anif, apenas la mitad del censo electoral participó en las votaciones para Senado y Cámara de Representantes. Del total de 41,2 millones de colombianos habilitados para votar, 20,9 millones fueron a las urnas para elegir senadores (50,6%) y 20,7 millones para elegir representantes (50,2%).

Aunque estas cifras mejoran levemente frente a 2022, cuando la participación fue de 46,5% en Senado y 47,4% en Cámara, el avance es moderado. Lo que el análisis destaca es que el país mantiene tasas de abstención cercanas al 50%, es decir, que prácticamente uno de cada dos ciudadanos con derecho a voto simplemente no fue a las urnas.

La caída fue más pronunciada en las consultas interpartidistas, mecanismo que definió los candidatos presidenciales para la primera vuelta. Solo 8,3 millones de personas participaron en estas consultas, lo que equivale al 20,1% del censo electoral. Cuatro años antes, en 2022, fueron 12,2 millones de votantes (31,5% del electorado). Esta reducción es significativa y sugiere que menos gente se movilizó cuando se trataba de elegir candidatos presidenciales.

Un problema adicional surgió en las consultas: los votos nulos y sin marcar se dispararon. Cerca del 8% de los sufragios fueron anulados y alrededor del 7% quedaron en blanco. En 2022, estos indicadores estaban en 2,1% cada uno. El aumento probablemente se debe a que esta vez los tarjetones incluyeron a todos los precandidatos de las diferentes consultas en un mismo formato, lo que generó confusión entre votantes.

Las diferencias regionales también cuentan una historia importante. Departamentos como Córdoba, Sucre y Atlántico lideraron participación con tasas superiores al 58%. En contraste, Caquetá (42,9%) y Putumayo (43,7%) quedaron rezagados, lo que refleja desigualdades históricas en la movilización política. El acceso a información, la infraestructura electoral y las dinámicas sociales locales inciden directamente en si alguien decide votar.

El nuevo Congreso que entrará en funciones para el periodo 2026-2030 tendrá un papel clave en el balance del poder con el Ejecutivo y la Rama Judicial. Sin embargo, la baja participación limita la legitimidad que podría darse a través de una votación masiva. De cara a las elecciones presidenciales de mayo, los números sugieren que el desafío no es lograr que voten los que ya votaron, sino ampliar la participación en territorios donde menos ciudadanos acuden a las urnas.