Mientras Bogotá dormía, llegaron. En la madrugada del 23 de junio, una caravana de 23 vehículos, incluyendo chivas tradicionales, atravesó la capital fría y oscura trayendo consigo 500 miembros de la comunidad indígena Misak. Venían desde Piendamó, en el Cauca, con una misión clara: hablar con el Gobierno Nacional y lograr que firme acuerdos antes de que la administración de Gustavo Petro cierre sus puertas. El tiempo apremia. Quedan poco más de 30 días, y apenas unos pocos para que los consensos se transfieran a la delegación del presidente electo, Abelardo de La Espriella.

La reunión comenzó a las 9:00 de la mañana, y en medio de los diálogos el gobernador indígena Luis Eduardo Tunubala no ocultó su frustración. En declaraciones a Blu Radio expresó: "Ya termina el gobierno Petro y sentimos que esos compromisos no han avanzado". Los manifestantes, llegados desde el resguardo La María, buscan que se cumplan derechos colectivos y compromisos territoriales que aseguran fueron pactados pero nunca ejecutados. En términos concretos, necesitan que el Estado formalice sus territorios y compre las tierras que fue prometido adquirir cuando esta administración llegó al poder. No es la primera vez que hacen un esfuerzo de este tamaño por lo mismo: en mayo ya habían realizado una movilización similar.

Otro de los líderes, Luis Tunubalá, fue más claro aún en su diálogo con Caracol Noticias: permanecerán en la sede de la Agencia Nacional de Tierras hasta lograr un acuerdo. "No estamos exigiendo ni pidiendo plata al nuevo Gobierno", dijo, dejando clara la intención de que sea el Estado quien actúe sobre sus promesas históricas, no sobre peticiones de dinero.

El trasfondo de esta urgencia es un conflicto que escaló de manera peligrosa. Misak y Nasa, dos pueblos indígenas, disputan el control del páramo de La Estilla, territorio que ambos reclaman como ancestral. Tras la movilización de mayo de los Misak, la tensión explotó en enfrentamientos que dejaron cuatro muertos y 60 heridos. Ese choque es exactamente lo que encendió las conversaciones con el gobierno Petro.

Los Misak argumentan que tienen títulos históricos sobre el predio y acusan a integrantes del resguardo Nasa de Pitayó de haber realizado una ocupación ilegal hace unos tres meses. Liliana Pechené, gobernadora indígena de Guambía, fue directa al punto: "Ellos hicieron una ocupación ilegal a nuestro territorio", y explicó que la comunidad se movilizó justamente para intentar recuperar el control del terreno.

Del lado Nasa, sus voceros defienden su permanencia argumentando que cuentan con procesos en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras, que habría emitido resoluciones relacionadas con la clarificación de títulos coloniales en la zona. Así, mientras los Misak acampan en Bogotá contrarreloj, la disputa por quién tiene derecho a esos páramos andinos sigue sin resolverse, y el tiempo del gobierno actual se agota.