El Ministerio de Transporte sacó a la luz el 19 de junio un nuevo borrador de decreto que pretende actualizar las reglas del juego para el servicio de taxi en el país. La ministra María Fernanda Rojas encabezó la presentación de una iniciativa que toca varios aspectos de cómo operan estos vehículos: desde los requisitos que deben cumplir los conductores hasta la relación entre propietarios y las empresas que los agrupan, pasando por la renovación de la flota.

El cambio más visible es que los taxis podrán moverse entre municipios contiguos sin tener que conseguir la famosa Planilla Única de Viaje Ocasional, un documento que hoy se exige cuando un vehículo sale de su zona de operación autorizada. Eso sí, los municipios no pierden poder: si un análisis técnico demuestra que la llegada de taxis foráneos afecta la oferta local, pueden volver a pedir ese requisito. Según la ministra Rojas, "estamos modernizando una regulación que debía ponerse al día con las necesidades reales de conductores, propietarios y usuarios. Esta actualización elimina trámites innecesarios, fortalece derechos, mejora la transparencia y nos permite avanzar hacia un servicio de taxi más eficiente, seguro y acorde con los desafíos de movilidad que hoy tiene Colombia".

Hay otros ajustes administrativos que pueden respirar a los taxistas. La vigencia de la tarjeta de operación se extendería de uno a dos años, los contratos entre propietarios y empresas podrían durar hasta dos años, y adiós al famoso paz y salvo para hacer trámites de tránsito y transporte. Las empresas también estarían obligadas a enviar extractos mensuales con detalle de cobros y pagos. El Gobierno apunta a frenar abusos: "La actualización también incorpora mecanismos para fortalecer la libre competencia dentro del sector, garantizando que ninguna empresa pueda imponer condiciones que limiten la libertad de los propietarios para vincular o desvincular sus vehículos, así como reglas más transparentes para los procesos de cambio de empresa".

En materia ambiental, la propuesta obliga a que cualquier reposición de taxi (por hurto, pérdida, destrucción o cambio de servicio) sea con vehículos eléctricos. El plazo para hacer ese cambio iría de uno a cinco años. Para las nuevas matrículas, se mantendría el sorteo público, pero los conductores que no sean dueños de su vehículo recibirían puntos adicionales por cada año de experiencia que acrediten.

También está previsto crear programas de capacitación para conductores que cubran atención al usuario, movilidad segura, resolución de conflictos y prevención de violencias basadas en género, entre otros temas. Del lado de los usuarios, las autoridades deberían capacitar a nacionales y extranjeros sobre cómo funciona el servicio de taxi, qué seguros lo protegen y en qué condiciones opera en Colombia.