La muerte de Alexander, un joven de 22 años que se ahogó en el embalse El Peñol-Guatapé, disparó las alarmas en el Ministerio de Transporte. Las autoridades nacionales iniciaron una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad de la embarcación involucrada, enfocándose en presuntas irregularidades operativas cometidas por la tripulación.

Desde el lunes pasado, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dejó clara su posición: si se confirman fallas de seguridad o violaciones directas a los protocolos fluviales exigidos en Antioquia, vendrán sanciones administrativas rigurosas. Aunque la empresa de turismo contaba con documentación legal en regla —patente de navegación, pólizas de responsabilidad civil y certificado técnico—, el ministerio apunta sus investigaciones hacia un aspecto concreto: el nulo uso de los chalecos salvavidas durante el recorrido.

La ley es clara al respecto. Bajo la Ley 1242 de 2008, el uso de chalecos salvavidas es obligatorio permanente en toda navegación fluvial, y la normatividad también prohíbe el consumo de alucinógenos o bebidas alcohólicas. Las autoridades judiciales y la Superintendencia de Transporte trabajan para determinar si el incumplimiento de estas normas propició la tragedia. Además, están analizando material audiovisual que muestra que Alexander fue agredido verbal y físicamente antes de caer al agua.

Mientras avanza la investigación, la región vive bajo tensión. El linchamiento digital en redes sociales y las intimidaciones contra personas señaladas por la comunidad han generado pánico. Varios de los involucrados en el caso han declarado públicamente que temen por sus vidas y han radicado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Los restos de Alexander fueron sepultados en la parroquia San Cristóbal entre clamores de justicia y rechazo a las irregularidades que rodearon su muerte.