La batalla por los ahorros pensionales en Colombia sigue caliente. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, redobló la apuesta del Gobierno para que se traslade el dinero de quienes ya están pensionados en el sistema público, un movimiento que el Consejo de Estado frenó de manera provisional pero que el ministerio insiste debe completarse.

La cifra es considerable: 120 mil ahorradores fueron trasladados de los fondos privados a Colpensiones, y de esos, 25 mil ya reciben su pensión pagada por el fondo público. Sin embargo, sus ahorros siguen depositados en las administradoras privadas. Para el Gobierno, esto es un contrasentido. "Lo lógico es que si el fondo público asume la responsabilidad de la pensión, los ahorros pasen a dicho fondo", argumentó Sanguino, quien subrayó que "se busca que la plata de la gente esté donde debe estar".

Del otro lado está Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien recibió el fallo del Consejo de Estado como un respiro. Velasco advirtió sobre un peligro que considera fundamental: "si empezamos a gastarlos, hay que pensar con qué responderá el gobierno cuando las personas lleguen a la edad pensional". Para él, proteger los 20 billones de pesos en ahorros pensionales no es un capricho sino una responsabilidad hacia las futuras generaciones.

El punto de quiebre está en si esos recursos deben usarse para financiar el sistema público o mantenerse intactos como patrimonio de los ahorradores. Sanguino explicó que el decreto 415 fue expedido justamente porque los fondos privados se negaban a trasladar los ahorros de esos 25 mil pensionados ya asumidos por Colpensiones. El Consejo de Estado permitió el movimiento de 5 billones de pesos, pero frenó una transferencia más amplia.

Velasco insiste en que la ley pensional permite que estos recursos sigan siendo administrados por los fondos hasta la jubilación, y considera que la decisión del Consejo de Estado reconoce "la ilegalidad" del decreto. Mientras tanto, la reforma pensional que podría resolver esta tensión lleva dos años estancada en la Corte Constitucional, dejando a miles de ahorradores en una zona gris: con pensión garantizada pero sin claridad sobre dónde descansará su dinero.