La reforma pensional en Colombia sigue siendo fuente de roces entre poderes. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió con los tapabocas puestos para cuestionar tanto a los fondos privados de pensiones como a decisiones judiciales recientes que han frenado la transferencia de recursos hacia Colpensiones.

El punto de fricción es concreto: más de 120 mil trabajadores aprovecharon la "ventana de oportunidad" que abrió la reforma pensional para pasarse del sistema privado al público. De esos, cerca de 25 mil ya están pensionados y reciben sus mesadas mensuales a través de Colpensiones. El problema, según Sanguino, es que los ahorros de estas personas, una cantidad que supera los cinco billones de pesos, siguen bajo el control de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Mientras Colpensiones paga de su bolsillo, las entidades privadas estarían cosechando rendimientos e invirtiendo ese dinero en el exterior.

El Gobierno expidió el Decreto 415 de 2026 precisamente para resolver esto, trasladando tanto ahorros como rendimientos financieros hacia Colpensiones. La lógica del ministro es básica: "la entidad que paga las pensiones debe tener también los recursos para garantizar esas obligaciones". Pero aquí es donde entra el Consejo de Estado a complicar la película.

El alto tribunal ha mantenido suspendidos los apartados clave del decreto que ordenaban estos traslados, decisión que se amplió incluso a casos de pensionados ya reconocidos por el sistema público. Para Sanguino, estas son medidas "exprés" que no tienen otra intención que beneficiar a los grandes actores del sector financiero. El funcionario también cuestionó que se tomen decisiones judiciales tan contundentes cuando la reforma pensional todavía está esperando una revisión definitiva de la Corte Constitucional.

Sanguino cerró recordando algo que parece obvio pero aparentemente necesita repetir: esos recursos pensionales pertenecen exclusivamente a los trabajadores, no al sistema financiero. Por eso el Ejecutivo insiste en centralizarlos en Colpensiones para garantizar tanto el pago actual como el futuro de las mesadas. La incertidumbre que deja todo esto es cuál será la posición final de la Corte Constitucional sobre la reforma.