El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso de las intenciones del presidente electo Abelardo De La Espriella de reducir el tamaño de la administración pública. El funcionario fue claro: no es tan simple como lo propone. Cualquier eliminación o reducción de ministerios no es asunto que el Gobierno pueda decidir por su cuenta. Se necesita una reforma del Estado aprobada por el Congreso de la República, explicó durante su participación en el XIX Encuentro Nacional de Laboralistas, que se realizó en Barranquilla los días 24 y 25 de junio.

Sanguino también expresó su preocupación por las consecuencias que traería una decisión de ese calibre. Una eventual desvinculación masiva de empleados públicos no es un trámite administrativo más: tendría un fuerte impacto social y económico en el país. El funcionario recordó que la legislación colombiana establece procedimientos e instituciones específicas para modificar la estructura estatal, y que no basta la voluntad de un nuevo Gobierno para saltarse esos mecanismos.

Para avanzar en una reorganización administrativa de esa envergadura, explicó Sanguino, se necesitaría que el Congreso otorgara facultades especiales o que se expidiera una ley que permitiera la reestructuración. En todo caso, subrayó que cualquier transformación de esa magnitud debe respetar los trámites democráticos y constitucionales que rigen en Colombia.

Lo que más preocupa al ministro, sin embargo, es el lado laboral. Una reducción masiva de la planta estatal podría desencadenar una crisis de empleo y generar tensiones serias con los sindicatos. Según Sanguino, las organizaciones sindicales difícilmente aceptarían una medida de esas proporciones. Además, consideró que una acción así se convertiría en un nuevo foco de conflictividad laboral en el país, afectando directamente a los trabajadores y sus familias.