Mientras los hospitales se desmorona y los medicamentos escasean, el Ministerio de Salud tomó una decisión que ha encendido los ánimos en el país. A través de una circular del 18 de febrero de 2026, la cartera autorizó a sus empleados para que asistieran a las marchas convocadas por el Gobierno en defensa del salario mínimo. El timing no pudo ser peor: Colombia atraviesa la crisis sanitaria más grave de los últimos años.

Las cifras hablan por sí solas. Durante 2025, la Superintendencia de Salud registró 2 millones 48 mil quejas. Cada día llegaban al menos 5 mil 612 reclamos. Eso significa 233 por hora, o 3 cada minuto. La mayoría de colombianos se queja por lo que más duele: no hay medicamentos, las citas demoran meses, y el acceso a tratamientos es un calvario. Más de 1,9 millones de reclamaciones fueron precisamente por estas barreras en el acceso a servicios y tecnologías de salud.

Desde el Ministerio argumentaron que la circular respetaba el artículo 37 de la Constitución, que protege el derecho a manifestarse sin represalias laborales. Pero aclararon que "los funcionarios que no participen en la movilización en los días programados, deberán ejecutar las labores asignadas, con normalidad". Una frase que muchos interpretaron como una presión velada.

Hannah Escobar, activista en temas de salud y candidata al Congreso, no se guardó nada. Dijo: "Llenando marchas de contratistas del gobierno a los que ni ellos mismos les respetan sus condiciones laborales. Un asco". En redes sociales abundaron comentarios aún más crudos: "Primero las marchas. Ya luego se piensa en los medicamentos para los niños".

El malestar se agudiza porque la muerte de Kevin Acosta, quien no recibió atención oportuna de Nueva EPS, simboliza miles de tragedias silenciosas que suceden a diario en el sistema. El Procurador Gregorio Eljach no aguantó más y elevó un llamado directo al presidente y al ministro. "Hago un llamado vehemente a todo servidor público, a toda autoridad, especialmente a quienes ocupan los cargos de dirección del Estado –para no dar nombres propios, ministro de la Salud y presidente de la República–, para que actúen con un sentido de sensibilidad, consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos", expresó el Procurador.

Eljach insistió en que los altos funcionarios "han indignado y ofendido a los colombianos" con sus expresiones. Advirtió además que el presidente tiene el mandato constitucional de representar la unidad nacional, algo que requiere "consideración y ponderación con los demás connacionales en las actuaciones y expresiones de los altos mandos del Estado". Mientras tanto, el Gobierno sostiene que ha mejorado la atención y reducido la mortalidad infantil, pero los números de quejas dicen otra cosa: comparado con 2024, hubo 443 mil reclamaciones más en 2025.