El Gobierno colombiano apretó las tuercas en la búsqueda de traer a Zulma Guzmán de vuelta al país. El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo envió una carta el 27 de febrero al Ministerio de Relaciones Exteriores pidiendo que comunicara directamente a las autoridades británicas lo urgente que es para el Estado el retorno de la mujer investigada por el envenenamiento con talio de dos menores en el norte de Bogotá. En el documento, Cuervo señaló: "Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes".

El ministro enfatizó que la comparecencia de Guzmán ante la justicia colombiana es esencial no solo para evitar que el caso quede en la impunidad, sino para garantizar los derechos de las dos niñas que murieron tras consumir frambuesas contaminadas. También resaltó que Colombia ofrece garantías para la seguridad e integridad de la procesada una vez sea extraditada, y reafirmó la voluntad del país de mantener la cooperación judicial bilateral con Londres.

Pero aquí está el punto: aunque Colombia y el Reino Unido tienen un tratado de extradición desde el siglo XIX, la última palabra la tienen los jueces británicos. "Quien finalmente decide si la persona es extraditada o no es el sistema judicial; el gobierno es como un implementador de eso", explicó Cuervo a Colprensa. Los magistrados británicos deben verificar que habrá debido proceso y condiciones dignas de reclusión antes de autorizar cualquier entrega.

Lo que ha complicado todo es que la defensa de Guzmán alegó problemas de salud mental. Eso obligó a Londres a ser más exigente en sus inspecciones. "Si yo le voy a entregar a otro país a una persona que está pedida en extradición, tengo que verificar que va a tener debido proceso, que va a tener garantías y que, como ella ha alegado una situación de salud mental, si es enviada, en las cárceles colombianas haya las condiciones necesarias para esa atención", explicó el ministro.

Para cumplir con estas exigencias, la Fiscalía y el INPEC ya se reunieron para identificar dónde alojar a Guzmán. La opción principal es la cárcel El Buen Pastor, específicamente en el pabellón de exfuncionarias públicas, que cuenta con servicios para atención de salud mental. Además, Cuervo mencionó que una veeduría internacional podría inspeccionar el lugar y emitir un concepto técnico que los jueces británicos evaluarán antes de tomar su decisión final.