El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, no tuvo reparos en cuestionar al Ministerio de Salud por su insistencia en acceder a la necropsia de Kevin Arley Acosta. En su cuenta de X escribió directamente que "Nunca debió pedirse" ese documento. Su pronunciamiento llegó después de que el Tribunal Superior de Bogotá, el 27 de mayo, confirmara en segunda instancia la decisión de mantener el informe bajo reserva legal.

El caso gira alrededor del niño de siete años quien murió el 13 de febrero en Bogotá tras no recibir oportunamente el emicizumab, medicamento que requería cada 28 días para controlar su hemofilia A severa. Las fallas en el suministro por parte de Nueva EPS, que se encontraba intervenida, dejaron al menor sin protección médica. Una caída en bicicleta desencadenó complicaciones que resultaron fatales.

Lo que generó la polémica fue la respuesta que el Gobierno dio en su momento. El presidente, en el Consejo de Ministros del 16 de febrero, cuestionó a la familia y manifestó que "si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos". El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, agregó que a los hemofílicos hay que restringirles ese tipo de actividades. Estas declaraciones causaron rechazo entre la Liga Colombiana de Hemofílicos y organizaciones de pacientes, que insistieron en que con tratamiento adecuado una persona con hemofilia puede llevar una vida completamente normal. La Procuraduría también intervino señalando que la falta oportuna del medicamento pudo haber sido decisiva en el deterioro del menor.

Fue después de esas críticas que el Presidente insistió públicamente en acceder a la necropsia. El Ministerio de Salud radicó una tutela el 25 de marzo buscando obtener tanto la historia clínica como el informe de necropsia. Sin embargo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses había respondido claramente el 17 de marzo explicando que no podía entregar esos documentos por estar bajo reserva en una investigación penal. El tribunal respaldó esa posición.

El magistrado precisó que existen procedimientos específicos para acceder a documentos reservados durante investigaciones penales, como el recurso de insistencia. Si el Ministerio de Salud quisiera continuar insistiendo, podría acudir ante el juez de la investigación penal. De momento, la indagación sigue adelante bajo reserva y la familia de Kevin continúa su vía civil con una pretensión por más de 1.800 millones de pesos contra Nueva EPS y otras entidades del Estado.