El 25 de marzo de 2026, el Gobierno Nacional formalizó mediante 22 decretos presidenciales el ajuste salarial para todos los empleados públicos del orden nacional. Entre las medidas más destacadas está el aumento del 7% para los ministros y directores de departamentos administrativos, que representa a las máximas autoridades de la Rama Ejecutiva después de la Presidencia y Vicepresidencia.

Este incremento tiene carácter retroactivo desde el primero de enero, lo que significa que las entidades públicas deberán pagar a los afectados los montos correspondientes a los meses de enero, febrero y parte de marzo en sus próximas nóminas. La cifra del 7% no surgió de forma arbitraria, sino que responde a una estructura técnica definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda.

El aumento se desglosa en dos componentes. Primero está el ajuste por inflación del 5,1%, que corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor registrado al cierre del año anterior. Segundo, un componente de negociación del 1,9% adicional, producto de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las organizaciones sindicales en la Mesa de Negociación del Sector Público. Esta combinación busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales frente a la inflación y cumplir con los compromisos de dignificación del empleo público.

Aunque la atención suele enfocarse en los ministros, la medida tiene un alcance mucho más amplio. El incremento del 7% cobija a más de 1,3 millones de servidores públicos en el país, incluyendo docentes del magisterio nacional, personal uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y personal administrativo de entidades descentralizadas.

Este ajuste llega en un contexto donde el salario mínimo experimentó un aumento del 23% para 2026, situándose en dos millones de pesos incluyendo auxilio de transporte. Mientras el sector privado se rige por esa dinámica, el sector público responde a los acuerdos de negociación colectiva estatal. El Ministerio de Hacienda ha confirmado que los recursos para financiar estos aumentos están presupuestados en el Presupuesto General de la Nación de 2026, cerrando así el ciclo de actualizaciones salariales para el presente año.