Una tensión pública sacudió al Ministerio de Salud después de que el recién designado interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, se atreviera a cuestionar los recursos que el Estado entrega a las aseguradoras de salud. El ministro Guillermo Jaramillo no tardó en responder y desautorizó públicamente al exalcalde de Cali, dejando clara una postura que parece ser intocable dentro del Gobierno: nadie, ni siquiera quien está a cargo de intervenir una EPS, puede sugerir que la UPC (la unidad de pago que financia el sistema) sea insuficiente.

La controversia comenzó cuando Ospina declaró en Blu Radio que la UPC no cubre adecuadamente los costos de atención. Explicó que "No creo que alcance, creo que tiene que ser diferenciada, creo que, si no se han hecho tareas de orden preventivo, las personas son más demandantes de servicios de salud; creo que nuestra población va pasando una pirámide poblacional de tener más adultos mayores, por tanto más demandantes por enfermedades crónicas". Estas palabras fueron suficientes para que Jaramillo saliera al aire en varias emisoras para cuestionarlo duramente.

El ministro fue categórico en sus críticas. Según él, Ospina no es "la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no" y que no debe "ponerse a decir cosas que no le corresponden". En sus intervenciones en W Radio, Jaramillo dudó del conocimiento técnico del interventor, argumentando que "¿Pero qué sabe el doctor Ospina?, que no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia". Aunque reconoció que Ospina "logró sacar adelante el Hospital Universitario cuando estaba en su peor situación; sabe administrar", insistió en que eso no lo faculta para opinar sobre asuntos técnicos como el cálculo de la UPC, que describió como "un tema bastante complejo y delicado".

Pero esta confrontación ocurre en medio de un debate mucho más profundo. Académicos, especialistas en salud y hasta la Corte Constitucional han cuestionado la suficiencia de la UPC. Mientras el Gobierno sostiene que el dinero alcanza y que si no les llega a las EPS es porque "se la roban", otros han presentado cifras que demuestran lo contrario. De hecho, la Corte Constitucional consideró que el valor fue escaso para 2024 y ordenó al Ministerio hacer una mesa técnica para ajustarlo adecuadamente.

Jaramillo compareció ante la Corte el 13 de abril para responder por las decisiones de su cartera sobre la UPC. En esa audiencia reconoció incluso que "es el robo más descarado que se está haciendo, inclusive por funcionarios nombrados por este Gobierno", mientras rechazaba acusaciones de desfinanciación del sistema. La ironía es que el propio ministro admitió la corrupción, algo que contrasta con su negativa a reconocer que el problema también está en la insuficiencia del dinero que se entrega a las EPS para atender a los colombianos.

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