En el Ministerio de Salud parece no ser bien recibida cualquier voz que cuestione si el dinero que el Estado entrega a las empresas promotoras de salud es suficiente o no. Así lo demostró el ministro Guillermo Jaramillo al responder públicamente contra Jorge Iván Ospina, el nuevo interventor de Nueva EPS, quien se atrevió a sugerir que la UPC, el valor que paga el Estado por cada afiliado, no alcanza para cubrir todos los costos de atención.

Ospina, exalcalde de Cali, había dicho en una entrevista radial que la UPC debería ser diferenciada según las necesidades de la población. Además señaló que "No creo que alcance, creo que tiene que ser diferenciada, creo que, si no se han hecho tareas de orden preventivo, las personas son más demandantes de servicios de salud; creo que nuestra población va pasando una pirámide poblacional de tener más adultos mayores, por tanto más demandantes por enfermedades crónicas". Con eso bastó para encender al ministro.

Jaramillo no perdió tiempo en responder. En entrevistas radiales acusó a Ospina de no ser "la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no" de los recursos y de "ponerse a decir cosas que no le corresponden". El ministro aseguró que este tipo de evaluaciones deben hacerla únicamente los equipos técnicos de su ministerio, no funcionarios como el interventor. "¿Pero qué sabe el doctor Ospina?, que no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia", dijo en W Radio, y más adelante insistió: "Él no sabe cómo se elabora la UPC. El doctor Ospina logró sacar adelante el Hospital Universitario cuando estaba en su peor situación; sabe administrar, pero no puede conceptuar sobre la UPC porque es un tema bastante complejo y delicado. No puede opinar sobre eso".

El tema de fondo, sin embargo, es más complicado. Durante años, académicos, especialistas en salud y hasta la Corte Constitucional han planteado que la UPC es insuficiente. De hecho, hay estudios basados en los propios estados financieros de las EPS bajo intervención que demuestran que el dinero no alcanza. La Corte ya había dictaminado que para 2024 fue escasa y ordenó al ministerio conformar una mesa técnica para ajustarla como corresponde.

El ministro Jaramillo tuvo que comparecer ante la Corte el 13 de abril para explicar las decisiones de su cartera respecto al cálculo de esta prima. Allí, según la información disponible, rechazó acusaciones de desfinanciamiento del sistema y atacó a los gremios de pacientes, aseguradoras y prestadores. Incluso reconoció ante los magistrados que "es el robo más descarado que se está haciendo, inclusive por funcionarios nombrados por este Gobierno", aunque también los retó a que le indicaran cuánto debe subir la UPC.

La tensión entre el Gobierno Nacional y quienes cuestionan la suficiencia de recursos en salud sigue escalando. Mientras el Ejecutivo sostiene que si a las EPS no les alcanza es porque "se la roban", los críticos insisten en que el problema es estructural: el dinero sencillamente es insuficiente para atender a la población con calidad.