El Gobierno se encuentra en medio de una pulseada legal que lo tiene en jaque. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no se anda con rodeos al calificar de "bloqueo institucional" lo que considera son trabas sistemáticas del Consejo de Estado y dilaciones de la Corte Constitucional en temas neurálgicos de la administración Petro: el incremento salarial y la reforma pensional.

La controversia escaló cuando el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente el decreto que aumentaba el salario mínimo en 23,7%. Para cumplir esa medida cautelar, el presidente Gustavo Petro expidió el pasado 19 de febrero un decreto transitorio que mantiene el mismo incremento mientras se resuelven las demandas. Pero la incertidumbre persiste: el Gobierno interpuso un recurso de súplica buscando que se revoque esa suspensión provisional.

La reacción fue política y contundente. Con la consigna "ni un peso atrás", Petro salió a las calles junto a su gabinete para movilizar a sus bases. Las marchas contaron con el apoyo de centrales obreras, pero levantaron críticas de empresarios y opositores que vieron en la convocatoria un uso electoral del tema, justo en vísperas de elecciones legislativas. A esto se suma un nuevo frente: la Corte Constitucional aceptó el impedimento de un magistrado en el análisis de la reforma pensional, lo que amplía la incertidumbre sobre una reforma votada dos veces por el Congreso.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Sanguino fue contundente: "La constituyente está más que justificada ante este bloqueo institucional, no solo por la reforma pensional, sino también por la reforma a la salud, lo que ocurrió con la reforma laboral y ahora con el salario vital". El funcionario subraya que lo que vive el país es inédito. Según él, "nunca antes en la historia del país se había producido una medida cautelar para suspender un decreto" y mucho menos se había actuado tan rápido. El Consejo de Estado resolvió en mes y medio lo que en 2017 tardó dos años.

Frente a las preocupaciones de los empresarios, el ministro anunció que la nueva emergencia económica incluirá apoyo específico para las pequeñas empresas. Mencionó que el Ministerio del Trabajo ya ha entregado 1.500.000 incentivos equivalentes al 35% del salario mínimo a través del programa "Empleo para la Vida", dirigidos a personas con barreras de acceso laboral. Ahora planea aplicar estos incentivos con énfasis en las mipymes, y además cuenta con una tasa diferencial de renta para pequeñas empresas que espera implementar en el marco de la nueva emergencia económica.

Sobre la cifra exacta del 23,7%, Sanguino explica que "hicimos una estimación que se aproximara lo más posible al salario vital o mínimo vital calculado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el estudio de salarios vitales para Colombia" mientras se "mantienen criterios de sostenibilidad económica". El Gobierno sostiene que el aumento no tiene un impacto significativo sobre la inflación, por eso eligió esta cifra específica.

Lo que viene ahora es espera. El Consejo de Estado debe resolver el recurso de súplica, un trámite que podría extenderse entre uno y dos meses aproximadamente. Después vendrá el análisis de fondo sobre la legalidad del decreto. Si se declara nulo, no tendría efectos retroactivos sobre los salarios ya pagados, pero sentiría un precedente importante.

Sin embargo, no todos ven con los mismos ojos la justificación del Gobierno. Henry Amorocho, docente en Hacienda Pública, considera que el decreto transitorio carece de un respaldo cuantitativo suficiente y que no hay un estudio técnico claro que cumpla con las exigencias del Consejo de Estado, especialmente en explicar el impacto de la inflación y la productividad. Aunque reconoce que sí existe una argumentación sobre el concepto de la OIT, plantea que "un análisis desprovisto del contexto electoral y de la coyuntura política habría podido arrojar conclusiones distintas".