El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, deberá presentarse ante la Comisión de Acusaciones para declarar sobre los hechos que son materia de investigación. Así lo ordenó la comisión el pasado 20 de abril, en un auto que especifica que el ministro comparecerá "en su calidad de ministro de Salud y Protección Social para la época de los hechos y en atención al ejercicio de funciones presidenciales delegatarias". La comisión argumenta que, al actuar como delegatario del presidente, reemplazándolo en algunas funciones, su actuación estaría sujeta a investigación. Si Jaramillo no comparece voluntariamente, podría ser conducido por la policía.

Este trámite se suma a otras dificultades que rodean al gobierno en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional acaba de presentar un informe que coloca a Colombia, junto con Venezuela, entre los países de especial preocupación en América Latina por ser entornos particularmente peligrosos para quienes defienden derechos humanos. El documento advierte que el país sigue sumido en una crisis de violencia ligada al conflicto armado y que persiste un patrón de represión estatal. La organización internacional exige resultados a la Fiscalía en casos como el del asesinato de Yendri Velásquez, ocurrido en octubre de 2025. También cuestiona la política de paz total del gobierno, argumentando que no existen garantías suficientes para las víctimas ni condiciones que eviten que estos hechos se repitan. Es especialmente grave, según el informe, que en Colombia sean asesinadas tres personas por semana por defender los derechos humanos.

En el frente sanitario, crece la preocupación por la posible fusión entre Famisanar y la Nueva EPS, dos de las principales aseguradoras del país. Si se concreta, la Nueva EPS pasaría de 11,5 a 14,5 millones de afiliados, convirtiéndose en la EPS más grande de Colombia. Sin embargo, la operación traería complicaciones. Mientras Famisanar mantiene sus estados financieros al día, de la Nueva EPS no se conocen reportes actualizados desde hace dos años, lo que genera dudas sobre su verdadera situación económica. La fusión también aumentaría las deudas consolidadas, ya que ambas entidades están intervenidas por problemas financieros.

Un aspecto que genera inquietud es que esta fusión podría permitir que Cafam y Colsubsidio, dos cajas de compensación familiar del sector privado, recuperen recursos que hoy consideran perdidos. Esto sucedería si la deuda del Estado nacional se convierte en deuda pública, pues el presidente Petro ha indicado que solo se pagarán deudas a entidades públicas. En ese escenario, ambas cajas podrían recibir alrededor de 1,6 billones de pesos, lo que significaría que, indirectamente, se terminarían pagando recursos públicos a aseguradoras privadas, un resultado paradójico que genera debate.