La fiesta realizada en la cárcel de Itagüí generó una reacción contundente desde el Ministerio de Justicia. El titular de la cartera, Jorge Iván Cuervo, fue claro en su posición: la actividad no fue autorizada por ninguna entidad del Gobierno. En conversación con La FM, el ministro señaló que "esto no fue autorizado ni por el ministerio, ni por el INPEC" (Instituto Nacional Penitenciario).

Lo que más molestó a las autoridades fue la forma en que se llevó a cabo la celebración. El grupo musical ingresó durante el régimen de visitas permitido los miércoles, pero sin documentación que respaldara la actividad. Con ellos entraron también instrumentos musicales, licor y alimentos que nunca debieron haber pasado los controles. Según el ministro, "se rompieron los filtros" y eso es donde residió el problema principal. No se trataba de una autorización ignorada, sino de un fallo evidente en los mecanismos de seguridad interna del centro penitenciario.

La indignación del Gobierno fue inmediata. Cuervo afirmó estar "muy molesto y muy indignado", reiterando que "ese tipo de cosas no tienen por qué pasar". Las consecuencias fueron igual de rápidas: el director de la cárcel y el comandante de guardia fueron removidos de sus cargos, y se iniciaron investigaciones disciplinarias contra funcionarios penitenciarios involucrados.

Pero el impacto va más allá de cambios administrativos. El Ministerio de Justicia decidió suspender los diálogos con las estructuras vinculadas a las negociaciones socio-jurídicas que se venían adelantando. Para el Gobierno, lo sucedido representó un abuso de los acuerdos establecidos. Como lo expresó el ministro, se considera "un abuso de las condiciones que se han pactado en la mesa de negociación". Los diálogos permanecerán suspendidos hasta que se establezcan todas las circunstancias del hecho.

Si en algún momento se decide reanudar las conversaciones, habrá cambios significativos en las reglas del juego. El ministro fue enfático al señalar que "tiene que establecerse un acta de compromiso muy restrictiva" y que "este tipo de cosas no pueden volver a pasar". La continuidad del proceso de negociación ahora dependerá de que se fijen compromisos específicos más exigentes que los anteriores.

Cuervo aclaró que las decisiones sobre eventuales exclusiones del proceso o sobre órdenes judiciales no corresponden al Ministerio de Justicia, sino a otras instancias competentes. Sobre la información disponible acerca de posibles autorizaciones internas, reiteró que "la información que yo tengo no es que haya habido autorización" y explicó que el ingreso de los visitantes quedó registrado únicamente como visitas comunes, sin detallar qué se haría dentro del centro.