El escenario político nacional está en tensión tras las revelaciones de Angie Rodríguez, quien en su rol como exdirectora del Dapre ha destapado lo que ella misma describe como un "entramado criminal" enquistado dentro de la administración presidencial. Sus denuncias han generado movimiento inmediato en el Congreso, donde el parlamentario Eduar Triana ya presentó formalmente la solicitud de debate de control político.

La citación que cursa la Comisión Sexta de la Cámara apunta a Daniel Rojas, actual Ministro de Educación, quien deberá comparecer para explicar el estado de una investigación que Rodríguez sacó a la luz: la de un título académico falso en poder de Juliana Guerrero. Según la denunciante, Guerrero habría aspirado al cargo de Viceministerio de la Juventud sin poseer las credenciales que presentaba, pero lo más grave sería que "ejercería un poder determinante en las decisiones estatales sin tener un cargo formal", como señala la exfuncionaria.

En paralelo, Carlos Carrillo, quien dirige la Ungrd, también enfrenta cuestionamientos serios. Las acusaciones contra él incluyen el manejo de un billón de pesos que estaban destinados a programas en la Mojana. Además, Rodríguez lo acusa directamente de haber mantenido a un "espía" dentro del Fondo de Adaptación con el propósito de sabotear su gestión, algo que presuntamente habría coordinado con Raúl Moreno, jefe del Despacho Presidencial.

Lo que eleva la gravedad de estos señalamientos es que no se trata apenas de casos aislados de funcionarios. Las denuncias apuntan a la existencia de una estructura de poder paralela compuesta por al menos 20 personas del círculo más cercano al presidente Petro. Esto va mucho más allá de negligencias administrativas: estamos hablando de acusaciones que incluyen persecución interna, corrupción coordinada y un sistema de decisiones que operaría en las sombras del Gobierno Nacional.