El ministro de Defensa Pedro Sánchez mantiene una postura de crítica velada hacia la suspensión de la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, pero subraya que la decisión final descansa en el presidente Gustavo Petro. Durante un debate en el Congreso relacionado con un accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el funcionario reiteró el compromiso de las fuerzas armadas contra la criminalidad: "El mensaje es claro: la justicia debe operar con total autonomía, y nosotros, como fuerza pública, con total contundencia contra los criminales".

Lo interesante es que Sánchez abrió una puerta legal importante: aunque la orden de captura esté suspendida, si Calarcá es encontrado en flagrancia (cometiendo un delito), debe ser capturado. "En el caso de alias Calarcá, que está suspendida la orden de captura, si se encuentra en flagrancia, debe ser capturado", señaló el ministro. Pero dejó claro que si el Gobierno decide reactivar la orden de manera oficial, "actuaremos con total contundencia contra los criminales".

Mientras tanto, la Fiscalía General presiona desde otro lado. La fiscal Luz Adriana Camargo informó que radicó dos solicitudes formales ante la Presidencia pidiendo que se reactive la orden contra Calarcá. Además, confirmó que su despacho citará al cabecilla a una audiencia de imputación de cargos por crímenes que habría cometido después de recibir beneficios en las negociaciones de paz.

Los delitos que la Fiscalía le atribuye son graves. El primero fue el homicidio de la lideresa indígena Carmelina Yule en marzo de 2024 en Toribío, Cauca, apenas dos meses después de que recibiera beneficios. Pero también hay más: en enero de 2026, en el Guaviare, fueron asesinadas 26 personas incluyendo siete menores de edad. La Fiscalía lo califica como una ejecución, no un enfrentamiento armado.

Entre 2024 y 2025, según documentos de la Fiscalía, Calarcá y su grupo disidente cometieron 19 atentados con explosivos contra comercios en Granada, Villavicencio y Acacías. En julio de 2024 también ordenó un ataque con minas antipersonales en Valdivia, Antioquia, que costó la vida a seis soldados.

Para la Fiscalía, todo esto no son hechos aislados. En su fundamentación, sostienen que "se acredita de manera concluyente que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en su rol de máximo cabecilla del Estado Mayor Central Farc-EP, ha impartido directrices claras para la ejecución sistemática de delitos, incluso tras la suspensión de sus órdenes de captura".

El escenario actual refleja la tensión que vive el Gobierno: la Fiscalía acumula evidencia y presiona por reactivar la orden, el ministro de Defensa da señales de estar alineado con esa postura, pero la Casa de Nariño aún no toma la decisión formal. Mientras tanto, alias Calarcá sigue siendo buscado por las autoridades, aunque bajo un estatus legal que sigue siendo objeto de debate.