El Ministerio del Trabajo le puso deberes a Caracol Televisión después de una visita de inspección realizada a finales de marzo. Detrás de esta actuación están las denuncias de presunto acoso sexual contra Jorge Alfredo Vargas, presentador de la emisión nocturna, y Ricardo Orrego, periodista de deportes. Ambos fueron despedidos cuando salieron a la luz estos hechos.

En un documento emitido el 7 de abril, el ministerio identificó "riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras" y estableció una serie de medidas que el canal debe cumplir. El propósito es garantizar que en los espacios laborales se respeten las condiciones dignas y justas de trabajo, especialmente cuando hay riesgo de vulneración de derechos.

Lo preocupante es que aunque Caracol contaba con canales para recibir denuncias por acoso sexual, estos no eran suficientes. Según el ministerio, "no garantizan por sí mismos la eliminación de barreras estructurales para la denuncia, particularmente en contextos de relaciones de poder, temor a represalias o desconfianza institucional". En otras palabras, tener un mecanismo de denuncia no sirve si la gente tiene miedo de usarlo.

Los inspectores descubrieron algo aún más grave: "las conductas de acoso sexual no se presentan como hechos aislados, sino como situaciones reiteradas y conocidas entre las trabajadoras". Aunque muchas compañeras sabían lo que estaba pasando y lo comentaban entre ellas informalmente, nadie activaba los canales de denuncia de manera formal. El ministerio lo llamó "un fenómeno de subregistro y silenciamiento".

Uno de los testimonios que recogieron fue particularmente revelador. Según el documento del ministerio, esta presunta víctima describió "patrones repetitivos de conducta, consistentes en acercamientos no consentidos, ciberacoso y comportamientos invasivos en contextos de aislamiento laboral". Lo más inquietante es que había múltiples víctimas en situaciones parecidas, pero varias optaron por no denunciar formalmente "debido al presunto temor y a la percepción de ineficacia de las rutas internas".

Por eso el ministerio le ordenó al canal tomar medidas concretas: proteger a las denunciantes, víctimas y testigos; crear lineamientos de reparación integral para los afectados; e investigar internamente cómo se filtraron o divulgaron los hechos. También le pidió identificar las fallas en los protocolos de confidencialidad y determinar qué áreas o personas estuvieron involucradas en esas filtraciones, junto con los riesgos que esto representó.