Un revés judicial golpea duramente al Ministerio de Trabajo. El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá confirmó en las últimas horas una sentencia contra el ministro Antonio Sanguino por desacato a la autoridad judicial. La sanción incluye cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La raíz del conflicto viene de un choque entre el ministerio y el Congreso. La representante Katherine Miranda presentó un derecho de petición solicitando información clara y detallada sobre las actuaciones y el rol del Ministerio de Trabajo en la entidad de medios públicos RTVC. El Ministerio no respondió en los términos que marca la ley.

Ante el silencio del funcionario, Miranda acudió a la tutela. Un juez ordenó de manera perentoria que Sanguino entregara la información solicitada. Sin embargo, el ministro también ignoró esta orden judicial, lo que llevó al juzgado a aplicar las sanciones por desacato.

Esta decisión tiene un alcance importante para toda la administración pública. El fallo reafirma que ningún funcionario, sin importar su nivel jerárquico, puede evadir los mecanismos de control político ni desatender los tiempos establecidos por la ley para responder derechos de petición. La sentencia marca un precedente claro: los compromisos con la transparencia y la rendición de cuentas no son sugerencias, sino obligaciones que deben cumplirse bajo cualquier circunstancia.