Un nuevo escándalo sacude al sistema de salud colombiano. Mientras el país aún digiere la muerte de Kevin Acosta, un niño que requería medicamentos para la hemofilia, ahora sale a la luz una discrepancia desconcertante en las cifras de fallecimientos por enfermedades huérfanas reportadas por el Ministerio de Salud.

Según la denuncia que dio a conocer la periodista Paula Bolívar, el Ministerio de Salud contabilizó 536 muertes en 2025 de personas con enfermedades huérfanas afiliadas a Nueva EPS. Pero cuando se consulta el Sistema Integrado de Información de la Protección Social, conocido como SISPRO, la cifra cae dramáticamente: solo aparecen registrados 60 casos del mismo año. La brecha de 476 fallecimientos sin explicación es lo que preocupa a expertos y pacientes.

El Ministerio de Salud no ha dado una explicación pública sobre por qué los números no coinciden. Tampoco ha aclarado si la diferencia responde a un cambio en la metodología, a un atraso en la actualización de datos o a una corrección de los reportes iniciales. Lo que sí es claro es que la falta de transparencia alimenta la desconfianza en momentos en que la salud pública es un tema candente.

Hay algo más que inquieta: en el SISPRO apareció una nueva categoría llamada "No definido" donde se registran 2.008 fallecidos, pero nadie ha explicado si estos corresponden o no a pacientes de Nueva EPS. Es decir, que podrían estar los 476 casos faltantes escondidos allá, o simplemente no tenemos idea dónde están.

Todo esto ocurre mientras Nueva EPS, la aseguradora intervenida por el Gobierno Nacional, enfrenta una crisis de credibilidad. Ya Pacientes por Colombia, una organización que agrupa 202 asociaciones, presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud Guillermo Jaramillo porque, según argumentan, "ha incumplido varias decisiones de la Corte Constitucional en materia de salud". La denuncia cuestiona que el funcionario no haya acatado lo ordenado en múltiples sentencias judiciales sobre la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC, el monto que reciben las aseguradoras por cada paciente) y sobre los presupuestos para servicios no cubiertos.

Para la organización, estos incumplimientos administrativos han puesto en riesgo no solo la estabilidad del sistema de salud, sino la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de millones de colombianos. En un país donde pacientes mueren esperando medicamentos, estas cifras confusas y estas explicaciones que no llegan no hacen más que confirmar lo que muchos ya piensan: que algo muy grave está ocurriendo en la salud pública.