A finales de febrero pasado, el país vio las imágenes de un evento del Ministerio de Salud en la Plaza de Bolívar que levantó más de una ceja: una fila de 51 ambulancias de espaldas a la Catedral Primada, funcionarios uniformados y toda una montaña de logística. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más cuestionable. Un día después, en la misma tarima y con prácticamente la misma infraestructura, el Pacto Histórico realizó el cierre de su campaña legislativa, esta vez con banderas políticas, publicidad de Cepeda y candidatos de la coalición.

Lo que resultó problemático fue que, según se supo esta semana, el Ministerio de Salud pagó por dos días el montaje de esa tarima. Es decir, la cartera del Estado habría sufragado los gastos de infraestructura que luego aprovechó directamente una campaña electoral. El MinSalud insistió en que se trataba de contratos diferentes, pero el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, fue claro: la tarima fue pagada por ambos días con dinero público. El costo total del evento institucional alcanzó más de mil millones de pesos.

El contrato del Ministerio incluyó costos variados: director y coordinador de eventos, productor, ingeniero de sonido, camarógrafos, vigilancia privada, personal de aseo, bolsas de agua, refrigerios, ingeniero de luces, pólizas, permisos y radios de largo alcance, entre otros servicios. Todo esto para lo que se promocionó como "Defender la salud es defender a Colombia", un evento donde supuestamente se buscaba mostrar el trabajo de los Equipos Básicos de Salud (EBS), un programa que le cuesta al país más de 6 billones de pesos y que ha generado múltiples quejas sobre su desempeño.

El "Pacto Fest", como se llamó el cierre de campaña, fue gratuito y contó con cerca de 30 artistas. Funcionó desde las 11 de la mañana hasta casi la medianoche, aunque según constató el medio El Colombiano, la plaza nunca se llenó completamente, incluso cuando solo llovió entre las 4 y 6 de la tarde. La diferencia visual entre un evento y otro fue mínima: banderas políticas, vallas con la imagen de Cepeda junto al presidente Petro y los candidatos del Pacto Histórico.

Lo que agrava la situación es cómo se financió el evento político. María Fernanda Carrascal, cabeza de lista del Pacto por Bogotá, reveló que la producción costó 568 millones de pesos y fue pagada en efectivo por César Giovanny Abadía Rojas, identificado como gerente de campaña. Briceño fue contundente al señalar que "los recursos de campaña se reciben y administran a través de una cuenta única bancaria. El Pacto pagó 478 millones de la organización de su cierre de campaña en Bogotá en efectivo; eso está prohibido. Violaron la ley". Carrascal argumentó que la cooperativa Confiar, que financió la campaña con un préstamo, dificultaba hacer transferencias digitales grandes, por lo que optaron por cheques en efectivo.

Briceño pidió intervención urgente del procurador Gregorio Eljach, argumentando que "aquí se habría violado la ley de garantías electorales y la prohibición de hacer política con recursos públicos". Además de este evento, el medio que reporta la noticia ha identificado más de 85 eventos similares vinculados a Cepeda que se presentaban como actos institucionales, y ha documentado inconsistencias en la financiación de su campaña, incluyendo presuntas empresas fantasma y donaciones reportadas como créditos en la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.