El sistema de salud en Colombia enfrenta una crisis que no nació ayer. Sus problemas vienen de décadas atrás, pero desde 2022 la situación se ha puesto mucho más complicada, según expertos y organizaciones de defensa. Ahora, una nueva resolución del Ministerio de Salud refleja la urgencia de tomar decisiones difíciles: acaba de ampliar a 117 los tratamientos que el Estado ya no va a financiar, cuando antes solo había 17 exclusiones.

La medida se apoya en el artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751/15, que define qué servicios y tecnologías no deben ser cubiertos con recursos públicos. El Ministerio dice que esta actualización busca hacer más eficiente el gasto en salud, priorizando tratamientos que tengan respaldo científico y efectividad comprobada. Para llegar a estas decisiones, realizaron espacios de participación ciudadana a través de "Mi Vox Pópuli", una herramienta que llegó al 78,12 % del país con actividades en Bogotá y 25 departamentos. En total participaron 475 personas: pacientes, representantes de veedurías y expertos de seis asociaciones científicas.

Entre los tratamientos que ahora quedan por fuera están procedimientos estéticos como la blefaroplastia, liposucción y rinoplastia estética, así como algunos medicamentos específicos en dolor neuropático, interferón beta y ciertos usos del diazepam. También se excluyeron terapias sin evidencia científica como la ozonoterapia, la "psicomagia" y la terapia Tomatis, además de productos de cuidado personal como edulcorantes, repelentes y suplementos dietarios sin comprobación científica.

La realidad es que esta decisión llega en medio de una crisis sanitaria cada vez más evidente. Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 las tutelas por fallas en la atención en salud crecieron casi 18%, pasando de más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500. Las demandas están encabezadas por enfermedades del sistema circulatorio, que representan el 12,2 % de los casos, seguidas por trastornos osteomusculares, neurológicos y endocrinos. A la par, la deuda del sistema de salud ha crecido considerablemente y ya alcanza $25,7 billones de pesos.

Mientras el sistema lucha por mantenerse a flote, la ampliación de exclusiones aparece como un intento por cerrar vacíos económicos y redirigir presupuestos hacia las enfermedades más críticas. Sin embargo, estas medidas dejan preguntas sin responder sobre la estabilidad real del sistema y los recursos disponibles para mantener la cobertura que de verdad necesitan los colombianos.