Las campanas de alerta sobre lo que algunos han llamado el 'cartel de los puntos' en las universidades públicas han llevado al Ministerio de Educación a tomar medidas concretas. La cartera anunció que en los próximos días presentará al público un proyecto de decreto diseñado para poner límites claros a los salarios de los docentes en las instituciones estatales de educación superior.

Todo comenzó cuando ciudadanos denunciaron irregularidades en la Universidad de Sucre. Las señales apuntaban a que algunos profesores estarían percibiendo remuneraciones que llegarían hasta los 93 millones de pesos cada mes, cifras que despertaron sospechas sobre un uso inadecuado del sistema de puntos salariales. Este mecanismo, regulado desde el Decreto 1279 de 2002, permite aumentar los ingresos docentes según criterios como producción académica, experiencia, formación e investigación. La presunta manipulación de este esquema habría generado asignaciones muy por encima de lo normal en el sector público.

Ante la gravedad de lo reportado, el Ministerio de Educación no se quedó de brazos cruzados. Activó la intervención de su Subdirección de Inspección y Vigilancia para investigar lo que ocurre en la Universidad de Sucre y verificar que se cumplan las normas establecidas.

El proyecto de decreto en elaboración tiene un propósito ambicioso: cerrar los huecos que ha dejado el modelo actual durante años. La iniciativa plantea establecer límites salariales por categorías de docentes, respetar derechos que ya han adquirido los profesores, y precisar mejor las responsabilidades de los consejos superiores y comités internos que aprueban los puntajes.

El documento será compartido públicamente en los próximos días para que ciudadanos, académicos y demás interesados puedan hacer observaciones antes de su aprobación final. Se trata de un paso hacia mayor transparencia en el sistema universitario público, un sector que necesitaba urgentemente estos controles.