El ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, salió al paso de las críticas sobre el desempeño de su cartera asegurando que "hay baja ejecución porque se está reestructurando, reorganizando, precisamente por eso queremos mantenerlo. Para aumentar la ejecución". En su intervención, el funcionario reconoció que la entidad ha cometido errores, pero los presentó como parte de un proceso de aprendizaje. "Uno tiene que aceptar que ha habido errores. Y resulta que de los errores aprendemos. Estamos aprendiendo del error y por eso estamos proyectando este ministerio que es de la comunidad, de la gente", afirmó Acosta.

El perfil del ministro ha generado polémica desde su nombramiento. Su formación académica alcanza solo el bachillerato, y su experiencia profesional se reduce a 14 años como coordinador de la Organización Nacional Indígena (ONIC). Durante su gestión en esa organización participó en marchas de la Minga nacional y en la búsqueda de los cuatro niños que desaparecieron en la selva de Guaviare tras un accidente aéreo. La congresista Katherine Miranda cuestionó duramente su nombramiento, afirmando que no se trataba de inclusión sino de "desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado" y resaltó que "un ministerio no se improvisa".

Pero las alarmas sobre la gestión de Acosta van más allá de su perfil. Cifras denunciadas por la candidata presidencial Paloma Valencia a principios de este mes revelan un panorama preocupante: la ejecución promedio del Ministerio de la Igualdad llegó apenas al 8,8 por ciento en estos cuatro años. "Ilusionaron a las comunidades con un Ministerio que nunca supo qué hacer con el dinero ni cómo controlarlo. En 2025 de 9 proyectos de inversión, 4 no llegaron al 1 por ciento y 2 no superaron el 10 por ciento de ejecución. Todo se quedó en mentiras", publicó Valencia en sus redes sociales.

De los 2,8 billones de pesos que ha manejado la cartera, 2,1 billones fueron transferidos a un Fondo Paralelo cuyas labores y resultados permanecen en la oscuridad. Valencia también denunció irregularidades en la forma como se ejecutan estos recursos, señalando que se han hecho "desviar los recursos del Ministerio, ejecutar por derecho privado (a dedo) y sin cumplir la Ley de Garantías". El Fondo vinculó a 4.684 personas entre 2024 y 2026, mientras que entre esta estructura y el Ministerio sumaron más de 5 mil personas en nómina, muchas de ellas a través de la empresa Laborando S.A., que recibió cinco contratos por 96.871 millones de pesos. Estos empleos sin funciones claras son lo que se conoce coloquialmente como contratos "corbata", una forma de presunta corrupción en la que se paga a personas sin que cumplan tareas reales o necesarias para la entidad pública.

Lo más llamativo es hacia dónde fue realmente el dinero. Valencia denunció que "la plata no llegó a las comunidades, pero sí a las empresas que realizan eventos". El Fondo Paralelo gastó 68.949 millones de pesos en apenas dos contratos con anticipos del 20 y 30 por ciento, una cifra que supera ampliamente todo lo invertido por el Ministerio en proyectos durante 2025. Incluso con más de 5 mil personas contratadas, el Fondo le entregó dos contratos adicionales a la Universidad Nacional por 6.401 millones de pesos para diseñar políticas de campesinado y discriminación, lo que evidencia, según Valencia, que "el Ministerio ni siquiera es capaz de cumplir sus funciones con una nómina tan abultada".

Valencia ha demandado la existencia misma del Ministerio de la Igualdad y ha hecho un llamado al Congreso "para acabar con este despilfarro, tal como lo ordenó la Corte en mi demanda". La Corte Constitucional ya había ordenado la eliminación de la ley que creó el ministerio por vicios de trámite, dejando en el aire el futuro de una entidad que prometía transformación pero que, en cifras concretas, ha dejado principalmente burocracia y preguntas sin responder.