La minería ilegal sigue ganando terreno en Colombia de una forma que preocupa a las autoridades ambientales y de control. De acuerdo con informes recientes, durante el actual gobierno de Gustavo Petro esta actividad ha aumentado un 28%, dejando un rastro de destrucción que ya suma 82.000 hectáreas afectadas en el territorio nacional. La cifra muestra cómo las políticas estatales siguen teniendo dificultades para frenar la pérdida de cobertura vegetal y el daño a las cuencas hídricas en las regiones más vulnerables del país.

Uno de los problemas más serios es el uso del mercurio en estas operaciones ilegales. Las autoridades apenas logran incautar entre el 1% y el 3% de este químico que circula en el país. Mucho de esto tiene que ver con que se desmantelaron los programas de capacitación para que los mineros tradicionales cambiaran hacia tecnologías limpias. Sin esas herramientas ni facilidades de crédito, muchos volvieron a usar mercurio como única opción que conocen.

En Antioquia, el municipio de Sabaneta se ha convertido en un punto caliente de este tráfico, aunque no sea una zona minera directa. Entre 2022 y 2026 se incautaron allí 85 kilos de mercurio, una cifra que supera incluso a municipios que sí tienen extracción de oro como Buriticá con 79,4 kilos, Caucasia con 43,9 kilos o Segovia con 21,4 kilos. La razón es geográfica: por Sabaneta pasan vías como la variante a Caldas y la avenida Regional, corredores donde entra la mercancía desde el sur del país. Incluso se encontró un recipiente con 40 kilos en una empresa de encomiendas.

El mercurio viaja desde Querétaro, México, y según investigaciones de la Environmental Investigation Agency (EIA), pasa por Bolivia, Perú y Ecuador antes de cruzar fronteras colombianas. Lo más preocupante es que este químico es fácil de camuflar: un kilo cabe en apenas cinco cucharadas soperas, lo que permite ocultarlo en termos o envases de pintura para evadir los puestos de control en las carreteras.

Los daños en la naturaleza son devastadores. El mercurio genera afectaciones severas en las selvas y ríos del Bajo Cauca, el Occidente y el Suroeste antioqueño por la remoción de tierra y acumulación de sedimentos. El vertimiento de estos residuos afecta directamente la calidad del agua que consumen las comunidades locales. A esto se suma que las operaciones ilegales persisten incluso en zonas donde hay presencia de la fuerza pública.

Las autoridades enfrentan otro obstáculo importante: no existe un censo exacto sobre cuántos socavones y entables ilegales operan realmente en las subregiones. Muchas de estas minas sin autorización funcionan en terrenos donde ya existen títulos otorgados o en proceso de licenciamiento, lo que genera tensiones sociales y de seguridad.

Mientras el comercio ilegal de metales preciosos siga siendo fuente de financiamiento para estructuras criminales en las regiones periféricas, los operativos en carreteras y ríos seguirán mostrando resultados limitados. La minería ilegal avanza más rápido de lo que las autoridades pueden contenerla.