La política nacional enfrenta una crisis de credibilidad tras las graves acusaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien ha denunciado públicamente lo que ella califica como un "entramado criminal" enquistado en las estructuras del Gobierno. Sus revelaciones han generado movimiento inmediato en el Congreso, donde el congresista Eduar Triana radicó una citación formal a debate de control político ante la Comisión Sexta para que dos altos funcionarios rindan cuentas sobre señalamientos que van desde negligencia administrativa hasta persecución interna.

En la mira está primero Daniel Rojas, Ministro de Educación, quien tendrá que explicar el avance en una investigación sobre un título falso. Según Rodríguez, esta falsificación fue detectada en Juliana Guerrero cuando esta última aspiraba a ocupar el cargo de Viceminstra de la Juventud. La denunciante sostiene que Guerrero habría ejercido un poder determinante sobre decisiones del Estado sin contar siquiera con un nombramiento oficial que lo respaldara.

Por otro lado, Carlos Carrillo, quien dirige la Ungrd, enfrenta cuestionamientos mucho más serios. Rodríguez lo acusa directamente de mantener un "espía" dentro del Fondo de Adaptación con el propósito de sabotear su gestión, supuestamente trabajando en coordinación con Raúl Moreno, el jefe de Despacho Presidencial. Además, debe responder por el manejo de un billón de pesos que fueron destinados a proyectos en la región de la Mojana.

Lo más inquietante de estas denuncias va más allá de los funcionarios citados. Rodríguez sugiere la existencia de una estructura paralela de poder compuesta por al menos veinte personas pertenecientes al círculo más cercano del presidente Gustavo Petro, lo que apuntaría no solo a casos aislados de mala conducta, sino a un sistema organizado de control fuera de los canales institucionales normales.