En sus últimos meses de gestión, el Ministerio de Educación está moviendo ficha rápido. El ministerio está adelantando varios procesos de contratación relacionados con infraestructura educativa que significarían gastar más de 13 billones de pesos en recursos públicos. El tema es que estos compromisos tendrían vigencia hasta el año 2036, algo que ha levantado las cejas en la clase política a pocas semanas del cambio de gobierno.

La idea detrás de todo esto es ejecutar el Plan Nacional de Espacios Educativos, que contempla construir, arreglar y mejorar instituciones educativas en diferentes regiones del país. Suena bien en el papel, pero la inquietud es válida: ¿qué pasa cuando un gobierno se va y otro llega, y ya hay millones amarrados en contratos que otro no necesariamente firmó?

Los números son jugados. Hay una licitación por cerca de 6,2 billones de pesos, además de tres contratos de asistencia técnica que sumarían más de 6,8 billones. En el camino, han aparecido otros procesos de contratación directa que han levantado más preguntas. Por ejemplo, hay uno con la Universidad de Antioquia que cuesta más de 3,2 billones de pesos, y otro donde la Universidad de Antioquia se asoció con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid por más de 3,8 billones.

El representante electo David Cote ha sido de los más críticos. Señaló que hay dudas razonables sobre si las universidades tienen la capacidad técnica y administrativa para ejecutar correctamente estos proyectos de semejante magnitud. Otros sectores han advertido sobre posibles riesgos jurídicos, contractuales y hasta financieros si se aprueban estos recursos así nomás.

Pero el ministro de Educación, Daniel Rojas, no se deja presionar. Según él, el gobierno tiene la responsabilidad de seguir adelante con las iniciativas de infraestructura educativa hasta el último día de mandato. Es su deber, dice.

El dilema está claro: por un lado está quien dice que hay que dejar asegurados estos recursos para que las obras de educación no se paren cuando llegue el nuevo gobierno. Por el otro lado están los que creen que decisiones de esta magnitud deberían esperar a que el nuevo ejecutivo tome las riendas y decida qué hacer. Mientras tanto, los billones siguen moviéndose.