A menos de un mes de las elecciones, el Ministerio de Defensa sacó a la luz un balance de operativos contra irregularidades electorales. La cifra más destacada es contundente: 623 millones de pesos incautados por presuntos delitos relacionados con maniobras ilegales en la contienda política. El dinero fue decomisado en operaciones coordinadas entre la Policía Nacional y la Fiscalía en Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca.

El ministro Pedro Sánchez fue claro en el mensaje: "la democracia depende de la vigilancia institucional frente a prácticas ilegales". El funcionario presentó un cuadro preocupante de comportamientos delictivos que buscan manipular los comicios. Según el reporte, hay 14 macrocasos abiertos que investigan desde constreñimiento al votante hasta suplantación de electores, pasando por financiación clandestina de campañas. Son precisamente esos comportamientos los que más afectan la equidad en la competencia política y el derecho fundamental al voto libre.

Toda esta operación responde a lo que el Gobierno llamó el "Plan Democracia", una estrategia que lleva casi un año en marcha y que ha identificado 208 municipios con alto riesgo electoral. En esos territorios se intensificó la presencia de autoridades para prevenir alteraciones del orden público. También sigue vigente un programa de recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita llevar a juicio a responsables de estos delitos. La denuncia puede hacerse por la línea 157.

El dispositivo de seguridad para el día de votación será monumental. El Gobierno confirmó que movilizará más de 246.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para custodiar 13.493 puestos de votación en el territorio nacional. Esta cifra fue posible gracias a la extensión del servicio militar obligatorio, que permitió sumar 22.000 militares y 4.000 auxiliares de Policía a los operativos regionales.

Las medidas no se limitan al patrullaje físico. Las autoridades también reforzaron los sistemas de inteligencia, investigación preventiva y ciberseguridad. El objetivo es doble: proteger la infraestructura electoral de posibles ataques informáticos y frenar la desinformación que pueda circular durante la jornada. En el operativo participan el Ministerio del Interior, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Organización de los Estados Americanos, entre otros organismos de control.

La línea 157 permanecerá disponible las 24 horas para recibir reportes de irregularidades. Con todo este despliegue, el Ejecutivo intenta garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de legalidad, seguridad y transparencia.