Cuando faltaba menos de 24 horas para que los colombianos acudieran a las urnas, las autoridades aceleró el paso en su labor de vigilancia. El Ministerio de Defensa anunció el decomiso de 3.521 millones de pesos que estarían vinculados con presunta compra y venta de votos para las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo. El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, dio la noticia el sábado en la tarde, mostrando el balance de los operativos de prevención de delitos electorales que han adelantado en diferentes zonas del país.

El trabajo de campo fue intenso. En total, las autoridades realizaron 41 capturas de personas por posibles irregularidades en el proceso electoral. De estas, dos fueron llevadas a centros carcelarios con medida de aseguramiento, mientras que el resto continúa en investigación por parte de los organismos judiciales. Los dineros incautados no aparecieron por casualidad: los uniformados los encontraron durante controles operacionales en varias ciudades, detectando movimientos sospechosos de grandes cantidades en efectivo.

Los hallazgos se esparcieron por el territorio nacional. En Bogotá decomisaron 632 millones en poder de una persona que aguarda decisión judicial. Montería reportó otro golpe importante con 434 millones encontrados en un vehículo, caso que mantiene a dos personas bajo investigación. Sucre entregó 275 millones localizados en una camioneta que circulaba por la ruta Corozal-Ovejas. El ministro Sánchez explicó que allí "los uniformados detectaron inconsistencias que permitieron ubicar el dinero y activar los procedimientos judiciales correspondientes", y dos personas fueron capturadas por lavado de activos. En Puerto Triunfo hallaron 243 millones en otro vehículo, aunque las tres personas inicialmente retenidas fueron liberadas posteriormente. La Pintada aportó 212 millones incautados en una motocicleta, con dos capturas asociadas. Y en Apartadó, en la zona de Urabá, se aseguraron 150 millones más.

El ministro Sánchez fue claro sobre el propósito de estos operativos. Según su mensaje en redes sociales, el objetivo es evitar que "recursos ilegales intenten interferir en la voluntad libre de los ciudadanos". Las investigaciones continúan para establecer si los dineros decomisados realmente estaban destinados a delitos electorales, aunque por el contexto y el momento, todo apunta a ello.

Mientras tanto, más de 41 millones de colombianos se preparaban para ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas de ese domingo. En esa jornada no solo se renovaría el Congreso de la República, sino que también se realizarían tres consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales que irían a primera vuelta: la Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y la del Frente por la Vida.