Mientras se abren cuestionamientos en el Congreso sobre la compra de aviones de combate suecos, el ministro de Defensa Pedro Sánchez salió a defender la decisión con un argumento que busca quitarle responsabilidad al Gobierno: fueron expertos, no políticos, quienes eligieron los Gripen Saab.

La adquisición de 17 cazas suecos por 16,5 billones de pesos es uno de los contratos más costosos de la historia del país y ya generaba dudas en diferentes sectores sobre posibles sobrecostos y manejos irregulares en la selección de la empresa sueca. Pero Sánchez llegó decidido a aclarar las cosas.

"La decisión no la tomó el presidente de la República de X o Y avión, la tomó un grupo multidisciplinario de más de 100 expertos de la Fuerzas Aeroespacial, que trabajaron durante más de una década, que habían insistido en los gobiernos anteriores de tomar esa decisión", recalcó el ministro ante los medios.

Según Sánchez, los organismos de control también han respaldado el proceso. "La Contraloría ya ha revisado (la documentación), y el mismo contralor ha dicho que no encuentra ninguna irregularidad. La Procuraduría ha hecho las averiguaciones. Aquí lo único que ha habido es transparencia", señaló el funcionario, quien también aclaró que esta no es una decisión improvisada sino pensada para que el país tenga capacidad aérea durante los próximos 40 años.

El expediente de estos aviones tiene una historia que viene de lejos. Desde 2011, la Fuerza Aeroespacial había presentado la necesidad de reemplazar los antiguos Kfir, máquinas compradas a Israel años atrás que ya estaban obsoletas. Después de años estudiando opciones, los expertos militares redujeron las alternativas a cuatro: los F-16 estadounidenses, los Gripen suecos, el Eurofighter Typhoon europeo y los Rafale franceses.

El gobierno de Juan Manuel Santos no avanzó en la compra, preferirle ponerles mantenimiento a los equipos existentes. Iván Duque casi cierra el trato por los F-16, pero la pandemia de Covid-19 frenó los gastos y el asunto quedó en pausa. Lo que sí logró Duque fue que en 2022 se aprobara una partida de 678 millones de dólares para esta inversión militar.

Con ese presupuesto en la mano, fue el gobierno de Gustavo Petro quien finalmente tuvo que decidir. La Casa de Nariño primero pensó en 16 Rafale, luego bajó a cuatro, pero eso complicó las negociaciones con la empresa francesa. Mientras tanto, la sueca Saab llegó con una oferta que resultó irresistible: financiación con años de gracia, capacitación de pilotos y técnicos, transferencia de tecnología en defensa, y hasta beneficios sociales como plantas de agua para La Guajira.