El país se prepara para enfrentar uno de los fenómenos climáticos más desafiantes del año. El Ministerio de Ambiente, bajo la dirección de Irene Vélez Torres, presentó un completo arsenal de 17 medidas diseñadas para proteger los recursos naturales y reducir el impacto de El Niño en territorios vulnerables. Las acciones provienen de dos instituciones clave: 10 medidas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 7 más de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

La urgencia de actuar es clara. Según los datos que maneja el Ministerio, existe un 82% de probabilidad de que El Niño se intensifique entre mayo y junio, con permanencia estimada del 96% entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Con estas proyecciones, las instituciones ambientales activaron un sistema de recomendaciones dirigidas al Sistema Nacional Ambiental y al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Entre lo más importante está la decisión de priorizar el agua para el consumo humano y las actividades agrícolas, dejando en segundo plano la explotación industrial. Para esto, el Ministerio fortalecerá el monitoreo de las concesiones de agua y actualizará el registro de usuarios. Si es necesario, se implementarán medidas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.

En materia de prevención de incendios, el plan es contundente. "Se recomienda implementar sistemas de alerta temprana y planes de respuesta rápida, prohibir quemas abiertas en áreas de importancia ambiental, fortalecer el monitoreo satelital de puntos de calor y apoyar a los cuerpos de bomberos y brigadas forestales comunitarias, entre otras acciones". Estas acciones buscan evitar que la sequía propia de El Niño se traduzca en desastres forestales.

Un frente especial de atención son los proyectos hidroeléctricos. La Anla requirió que se refuerce el análisis de la estabilidad de caudales para evitar cambios abruptos que puedan afectar comunidades y ecosistemas río abajo. Además, la Autoridad pide fortalecer los mecanismos de seguimiento ambiental y acelerar la incorporación de tecnologías de vigilancia y monitoreo.

Lo que queda claro es que no se trata solo de recomendaciones de escritorio. El país está activando todos sus sistemas de prevención para que, cuando llegue el fenómeno, las instituciones ambientales y de gestión del riesgo estén listas para proteger el agua, los bosques y las comunidades que dependen de ambos.