Un golpe importante para los conductores colombianos: el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte abrieron una investigación contra 37 organismos de tránsito del país que podría resultar en la anulación de más de 5,8 millones de fotomultas pendientes de pago. El asunto es serio porque revelaría que estas entidades no operaron con la debida autorización para imponer esos comparendos.

La investigación se concentra en ciudades donde se han encontrado irregularidades en el manejo de las cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como cámaras salvavidas. Cali es uno de los casos más grandes: la Superintendencia determinó que el organismo de tránsito caleño nunca obtuvo el concepto técnico de desempeño necesario para operar estos sistemas. Por eso todos los comparendos impuestos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 tendrían que ser revocados. En Medellín la situación también es considerable: hay más de 717.000 comparendos involucrados, asociados a 40 cámaras de fotodetección. Bogotá tampoco se escapa de la revisión, pues se investiga si las operaciones de sus cámaras comenzaron antes de obtener los permisos técnicos correspondientes.

La lista de ciudades y municipios bajo lupa es extensa. Barranquilla aparece por multas emitidas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020. La Gobernación de Cundinamarca es señalada por haber realizado trámites presuntamente a nombre de terceros. También están en la investigación organismos de tránsito de Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.

Según las autoridades, los problemas detectados son graves: cámaras operando sin la autorización técnica requerida, sistemas que recibieron aprobación después de que ya estaban imponiendo comparendos, y entidades que utilizaron conceptos técnicos expedidos a terceros. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, fue clara en su posición: las actuaciones buscan proteger el debido proceso de los ciudadanos y enfatizó que "las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley".

Para los conductores, hay una buena noticia: quienes aún no han pagado estos comparendos no necesitarán hacer ningún trámite para acceder a la revocatoria. Las autoridades explicaron que la anulación se haría automáticamente por parte de los organismos de tránsito, sin que los ciudadanos tengan que meterse en papeleo adicional.