Una de las páginas más vergonzosas del caso Colmenares tiene nombre y apellido: José Wilmer Ayola Lerma. Mientras Colombia entera seguía con angustia lo que pasaba con el joven asesinado en 2010, este vigilante de un conjunto residencial se convirtió en lo que parecía ser el testigo estrella de la investigación. Solo que todo lo que contó era mentira, y el Estado colombiano pagó caro por creer en sus historias.

Ayola afirmó haber visto cómo agredían a Luis Andrés Colmenares la madrugada del 31 de octubre de 2010 en el parque El Virrey. Según su versión, que quedó registrada en el expediente judicial, vio a un grupo de jóvenes golpeando a Colmenares, lo sacaban de una camioneta oscura, le propinaban botellazo en la cabeza. Describió cada detalle con precisión cinematográfica: la ropa que llevaba la víctima, cómo lo levantaban a patadas, hasta que se lo llevaban hacia el vehículo. Su declaración fue tan convincente que fiscales y jueces ordenaron capturas basadas en su testimonio. Incluso acusó falsamente a Carlos Cárdenas de ser uno de los agresores.

Lo que nadie sabía es que mientras Ayola relataba estas escenas de violencia ante los fiscales Antonio Luis González Navarro y Martha Lucía Zamora Ávila en 2012, él no estaba en el parque El Virrey. Estaba trabajando. Las minutas de su puesto de vigilancia en los conjuntos Bochica V y VI, firmadas por su propia mano, demostraban que cumplió su turno desde las 6 de la tarde del 30 de octubre hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Además, los peritajes de la Universidad de La Salle descubrieron que Ayola tenía problemas visuales severos que le habrían impedido ver los detalles que narró con tanta seguridad ante la justicia.

Lo más escandaloso fue lo que la Fiscalía hizo con él. Ayola logró infiltrarse en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos con la mentira de que recibía amenazas de muerte. El Estado lo ubicó en tres casas de seguridad distintas durante 2012, completamente equipadas y a cargo del erario público. Los registros administrativos muestran que entró y salió del programa varias veces, pero cada vez que lo sacaban por incumplimientos, los fiscales del caso lo reincorporaban con urgencia. Incluso hay facturas del Hotel El Campín que sugieren dónde estuvo alojado. En total, la Fiscalía gastó 6.080.486 pesos solo en transportarlo y alimentarlo mientras él sostenía su ficción criminal.

Cuando el peso de las pruebas se hizo insoportable, Ayola negoció. En diciembre de 2013 firmó un preacuerdo donde aceptó los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvenciones. Tuvo que devolver 3.150.000 pesos, el 50 por ciento de lo que había recibido. El juez lo condenó a 8 años de prisión y más de 77 millones en multa. Inicialmente le habían ofrecido prisión domiciliaria, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó eso el 14 de mayo de 2015, considerándolo un "peligro para la sociedad" por aprovecharse "del dolor por la pérdida de un hijo" para obtener dinero. Ayola terminó en La Picota.

Mientras tanto, Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas fueron absueltos años después. El dolor y la injusticia de una nación entera descansaban sobre las hombros de un vigilante que vendió una fantasía criminal a la justicia colombiana.