La administración del ganado incautado a narcotraficantes y lavadores de dinero en Colombia está en crisis. El 6 de mayo de 2026, la empresa Agroindustria Renacer S.A.S. pidió públicamente la suspensión del contrato número 205 de 2024 que le encargó cuidar miles de cabezas de ganado bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La solicitud llegó después de meses de intentos fallidos por resolver problemas que ya habían sido reportados a las autoridades desde 2025.

Los problemas son serios. Según la denuncia de Agroindustria Renacer, el contrato enfrenta "afectaciones graves en la ejecución contractual relacionadas con invasiones, seguridad en predios, falta de respuesta institucional, ausencia de inventario real, falta de trazabilidad integral de semovientes, demoras en pagos, falta de aprobación de soportes y ausencia de definición sobre planes sanitarios y nutricionales". En otras palabras: falta control sobre dónde está el ganado, no hay pagos puntuales y no hay claridad sobre quién es responsable de qué.

Henry Anaya Arango, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas Bien Común, que ha monitoreado este asunto, alertó sobre la situación en un documento dirigido a la SAE. Señaló que "existe una incontrolable gestión en el control e inventario de los animales semovientes, asunto que se ha agravado al dispersarse en una gran cantidad de sociedades, terrenos, depositarios e incluso particulares y hasta funcionarios públicos". El veedor fue más contundente al advertir que "existen mas de 15 mil semovientes de dudosa ubicación y responsabilidad. Algunas razas son de gran valor y solo su cruce generaría grandes dividendos que hoy no se ven por ninguna parte. La ubicación de la gran mayoría hoy es incierta".

El problema toma mayor relevancia porque este ganado está embargado mientras avanzan procesos judiciales de extinción de dominio contra redes de lavado de activos vinculadas a las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y mafias transnacionales. Es decir, son bienes que deberían estar bajo un control riguroso.

Agroindustria Renacer apuntó directamente hacia Mery Janeth Gutiérrez, una abogada que ha actuado como contratista en varias entidades del gobierno Petro. La empresa la señaló por su presunta "incidencia en decisiones relacionadas con la operación, custodia, manejo, trazabilidad, inventario, incautaciones, entregas, traslados o administración de semovientes vinculados a la SAE, especialmente cuando dichos bienes habrían sido puestos en manos de personas no plenamente identificadas dentro del expediente contractual, sin claridad suficiente sobre su paradero, estado, responsables, inventario real y trazabilidad documental". Gutiérrez fue propuesta por el presidente Petro en 2022 para un cargo en el Ministerio de las Telecomunicaciones, pero la designación no se concretó. Hasta ahora no ha emitido pronunciamiento público sobre estas acusaciones.

El panorama se complica porque la Fiscalía y la Contraloría, consultadas sobre el tema, respondieron que no tienen competencia para intervenir en asuntos administrativos de la SAE. Por su parte, la entidad responsable aún no ha respondido públicamente sobre la solicitud de suspensión del contrato. Mientras tanto, el acuerdo sigue vigente y miles de cabezas de ganado de alto valor permanecen en un limbo administrativo donde nadie parece tener claridad sobre dónde están ni quién responde por ellas.