En el municipio de La Gloria, en el sur del Cesar, cientos de familias viven pendientes de una sentencia que podría cambiar sus vidas para siempre. Se trata de trabajadores de la Hacienda La Gloria, conocida antes como Hacienda Bellacruz, quienes ahora enfrentan la posibilidad de perder sus empleos por un fallo de la Corte Constitucional que reconoce derechos a grupos de campesinos desplazados.

El origen de la preocupación está en la Sentencia de Unificación SU-235, mediante la cual la Corte Constitucional declaró el predio como bienes baldíos de la Nación, con la intención de entregarlo a las comunidades desplazadas que lo reclaman. Según los cálculos de trabajadores y líderes regionales, más de mil personas podrían quedarse sin empleo, lo que representaría un golpe serio para una región donde esta empresa agroindustrial es prácticamente una de las pocas alternativas laborales disponibles.

El concejal de La Gloria, Donaldo Vilardy, ha sido claro en su preocupación. "No queremos una catástrofe laboral en la región. Son más de mil personas que reciben su sustento en la Hacienda La Gloria, familias afectadas que tienen a sus hijos estudiando por fuera, lo que genera una gran preocupación en la comunidad y en los líderes, por los efectos laborales que se generarían", expresó. Por eso ha hecho un llamado al Gobierno nacional y a la propia Corte Constitucional para que el caso sea revisado nuevamente y se busque una solución que proteja ambos derechos.

El impacto no sería solo en la hacienda misma. Mario Alberto Bustamante, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Simaña, señala que los efectos se extenderían a toda la economía regional, pues la actividad palmera sostiene a habitantes de varios municipios del sur del Cesar, incluidos La Mata, Pelaya, San Bernardo, Costilla, Tamalameque y Aguachica.

Sin embargo, algunos líderes locales reconocen la complejidad del asunto. Gregorio Riaño, un líder social de la zona, expresa un sentimiento generalizado: "No estamos en contra de la sentencia, es necesario apoyar a los campesinos, pero para amparar a 10 o 15 familias van a perjudicar a más de mil que por años han laborado en la Hacienda La Gloria y que hoy tienen compromisos como créditos, deudas y préstamos que los pueden dejar en la calle".

Las historias detrás de esta incertidumbre son reales y crudas. Leidys Johana Pedrozo, trabajadora de la hacienda y madre cabeza de hogar, expresa la angustia de muchos: tiene hijos en la universidad y en el bachillerato, compromisos adquiridos, y ahora enfrenta la posibilidad de quedarse sin trabajo. "Tenemos hijos en la universidad y el bachillerato, con algunos compromisos adquiridos, pero ahora quedaremos sin trabajo con una edad que nos impedirá conseguir otras oportunidades", comenta. Para ella y otros trabajadores de mayor edad, el mercado laboral en la región es casi inexistente si pierden estos empleos que han ocupado durante años.