En Montería hay una vía que no sirve, aunque está casi lista. Se trata de la segunda entrada al Estadio Jaraguay, una obra que costó aproximadamente 1.100 millones de pesos y fue pensada para mejorar el flujo de vehículos cuando hay eventos con mucha gente. El problema es que se quedó a solo dos metros de conectarse con la carretera principal, y allí se detiene todo porque falta un aval de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, fue quien prendió la alarma sobre esta parálisis. Según él, la administración departamental tuvo que liquidar formalmente el contrato de la obra dejando sin pavimentar ese pequeño tramo final, precisamente porque la ANI se negó a dar la aprobación que se necesita para empalmar la nueva estructura con la troncal. Es un trámite administrativo, pero que ha dejado sin funcionar una inversión que ya se hizo.

Lo que preocupa a los monteranos es que plata ya se gastó, pero el beneficio nunca llegó. Los recursos públicos fueron ejecutados casi en su totalidad, pero los ciudadanos y quienes van a eventos en el estadio no pueden usar esa vía. El gobernador señaló que las demoras y requisitos que ponen las entidades nacionales desde Bogotá se han convertido en un obstáculo recurrente para que Córdoba pueda avanzar con su infraestructura. Eso afecta los tiempos, la eficiencia y la entrega de proyectos que se financian con dinero regional.

Y el problema no para aquí. Desde la Gobernación advierten que este tipo de contratiempos son más comunes de lo que uno quisiera. Hay otros proyectos estratégicos en el departamento que están en la misma situación: el paso urbano del municipio de Lorica tiene sus propios retrasos, y la vía Chinú-Lorica-San Bernardo del Viento tuvo que esperar más de un año solo para que le dieran viabilidad técnica desde el nivel central. Son historias que se repiten en la región y que muestran cómo los trámites administrativos pueden convertirse en una barrera real para que la infraestructura llegue a la gente.