Después de pasar más de doce años entre rejas, el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez recuperó su libertad bajo condiciones. El Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá decidió otorgarle la libertad condicional al exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, considerando que había cumplido los requisitos legales necesarios. Maza Márquez estaba recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía desde noviembre de 2013.

La salida del exfuncionario se produce tras una condena de 30 años por su responsabilidad en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. La Corte Suprema de Justicia lo declaró coautor de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas, considerando que había establecido una "alianza criminal" con el comandante paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán para planear el atentado.

Sin embargo, esta libertad no es total. Maza Márquez deberá cumplir un periodo de prueba de cerca de 11 años y un mes, contados a partir de la firma del acta de compromiso. Durante ese tiempo, el exdirector del DAS tiene la obligación de constituir una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, respaldada mediante título de depósito judicial. Cualquier incumplimiento de estas condiciones podría resultar en la revocación del beneficio y su regreso a la cárcel.

Lo que ha generado atención es que este cambio marca un giro frente a enero de 2026, cuando el mismo juzgado había negado su solicitud de libertad condicional después de revisar los conceptos del Inpec. En esa ocasión, el despacho concluyó que no se cumplían las condiciones necesarias. En esta nueva evaluación, consideró procedente conceder el beneficio bajo las condiciones fijadas.

La Corte Suprema había establecido que Maza Márquez, como entonces director del DAS, intervino en decisiones que debilitaron el esquema de seguridad del candidato presidencial en medio de amenazas existentes. El tribunal también analizó testimonios que señalaban presuntos vínculos con estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico, incluido el entorno de Pablo Escobar. En el mismo fallo se estableció su responsabilidad por la muerte del concejal Julio César Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez, así como por las lesiones al escolta Pedro Nel Angulo Bonilla.