Cuando un extranjero es capturado cometiendo un delito en Colombia pero no termina en prisión tras las audiencias preliminares, surge una pregunta incómoda: qué pasa con esa persona después. Esta situación ha generado la percepción de que existe impunidad, especialmente en casos de ciudadanos extranjeros. Para entender cómo funciona realmente el sistema, Semana conversó con Migración Colombia, entidad que aclaró desde el inicio que su responsabilidad es estrictamente administrativa, no judicial.

El director regional de Migración Colombia para la región Andina, Moisés García, explicó que la decisión de encarcelar o no a alguien corresponde exclusivamente a la Fiscalía y los jueces. El rol de Migración es diferente: evalúa la situación migratoria de los extranjeros con procesos abiertos o judicializados para determinar si pueden seguir en el país o deben ser expulsados. Como García lo resumió: "La actividad o la irregularidad migratoria en Colombia es un asunto meramente administrativo, luego no es un asunto criminal que le corresponda a Migración Colombia determinar responsabilidades judiciales por afectación a delitos".

Existen dos caminos para que un extranjero sea expulsado. El primero ocurre cuando un juez condena a la persona y ordena su salida del país como medida adicional. Migración simplemente ejecuta esa decisión. El segundo es más discrecional: Migración puede expulsar administrativamente si considera que el extranjero representa un riesgo para la seguridad o la convivencia ciudadana, incluso sin condena. Para ello evalúa factores como reincidencia en delitos, antecedentes judiciales, falta de arraigo o riesgos concretos de seguridad. Cada caso se estudia individualmente.

Mientras avanza un proceso judicial, la expulsión no es inmediata. En esos casos entra en juego un documento llamado salvoconducto, que genera bastante confusión. No es una regularización completa sino un permiso temporal que permite al extranjero permanecer en Colombia mientras se resuelve su situación judicial. García lo explicó así: "Salvoconducto es un documento, digamos, que no admite una regularización plena, pero que le permite a un extranjero estar determinado tiempo en el país mientras resuelve algunas circunstancias, entre ellas resolver alguna situación judicial". Este documento permite hacer seguimiento a la persona y evita que desaparezca antes de que haya una decisión de fondo.

La polémica alrededor del salvoconducto surge porque muchos confunden este documento excepcional con los trámites migratorios ordinarios. Los migrantes que buscan regularización enfrentan procesos exigentes, lentos y con requisitos estrictos. Pero el salvoconducto es completamente diferente: es una herramienta de control estatal que se otorga únicamente cuando está en curso un trámite o proceso judicial específico. Migración advirtió que sin una buena coordinación con Fiscalía, jueces e INPEC resulta muy difícil ubicar y controlar a quienes deben ser monitoreados.

García insistió en que Migración no solo expulsa cuando un juez lo ordena. También tiene potestad de hacerlo administrativamente cuando se cumplen ciertos criterios, incluso si el extranjero tiene visa o permiso de permanencia. "Así el ciudadano se encuentre regularizado, llámese con una visa, con un permiso por protección temporal, el mismo decreto ley establece que son causales de cancelación de estos permisos haber sido capturados o demostrarse que están infringiendo gravemente la seguridad del país", señaló. Sin embargo, el sistema depende de que las autoridades judiciales envíen la información a tiempo. Migración también considera si la persona tiene vínculos familiares en Colombia, como pareja o hijos colombianos, buscando un equilibrio entre la seguridad ciudadana y derechos fundamentales como la unidad familiar.

En cuanto a números, Migración Colombia reportó que en 2025 realizó 76 expulsiones y 81 deportaciones en el área andina, con Bogotá como principal foco de actuación. Ya en lo que va de 2026, la cifra de expulsiones por decisión discrecional asciende a 10 casos. Pero lo más significativo es que actualmente hay 856 casos activos en trámite que podrían resultar en expulsiones o deportaciones, dependiendo de cómo evolucione cada expediente y de las decisiones que se tomen dentro del debido proceso.