Hace poco más de dos años, el 16 de octubre de 2023, en Tibú (Norte de Santander) se instaló una mesa de conversaciones que parecía un paso hacia la paz: la negociación formal con el Estado Mayor Central. Hoy, según datos de inteligencia militar, la realidad es muy distinta. Alias Calarcá no solo se mantuvo en pie durante estas negociaciones, sino que se fortaleció de manera dramática. Su pie de fuerza armado creció de 1.400 combatientes en 2023 a 2.958 en la actualidad, un aumento del 111 por ciento mientras dialoga con el Estado.

El grupo, rebautizado ahora como Estado Mayor de Bloques y Frentes y comandado por Alexander Díaz Mendoza, de 42 años, se ha convertido en la organización más poderosa de la mesa de negociación. Opera a través de 16 estructuras consolidadas en tres bloques principales: Jorge Suárez, Magdalena Medio y Comandante Raúl Reyes. Su influencia se extiende por 10 departamentos y alrededor de 100 municipios, imponiendo control en territorios donde antes no tenía presencia.

Las acciones recientes confirman que la expansión es más que números. A finales de noviembre, en Briceño (Antioquia), una facción del Frente 36 bajo órdenes de Calarcá detonó una motobomba frente a la estación de Policía. El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, fue directo al señalar responsables: "Esa estructura (Frente 36) pertenece al siempre nombrado Calarcá. Un asesino que lleva a cabo acciones a lo largo y ancho del departamento con sus frentes, que desplaza, que asesina, que ordena atentados terroristas y sigue en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue más claro aún en Caracol Radio al calificar a alias Calarcá como "un criminal que está delinquiendo" y que "debe ser capturado", aunque aclaró que su cartera actuaría conforme a las órdenes del presidente Gustavo Petro. Lo paradójico es que Calarcá mantiene suspendida su orden de captura desde que entró al proceso de paz en 2023, medida que la Fiscalía ya evalúa levantar.

La base histórica del grupo está en el Meta, especialmente en municipios como Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa. Desde allí ha expandido su control hacia el sur del país. Su principal fortín armado se concentra en Caquetá, con presencia en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Puerto Rico. También tiene influencia creciente en Guaviare, Putumayo, Huila, Antioquia y Norte de Santander.

Lo más preocupante es cómo el grupo aprovecha los mismos espacios de diálogo para fortalecer su poder criminal. Desde octubre de 2023, el Gobierno ha sostenido siete ciclos de reuniones con delegados de Calarcá, siendo el más reciente entre el 17 y el 20 de noviembre de 2025. Estos encuentros se han enfocado en proyectos sociales, ambientales y educativos: caracterización socioambiental en Chiribiquete, proyectos productivos sostenibles, formalización de tierras en las Sabanas del Yarí, vivienda y ganadería sostenible.

Pero en el terreno ocurre algo muy distinto. Mientras el Gobierno impulsa transformaciones territoriales, la inteligencia militar detecta que Calarcá captura estas iniciativas para consolidar su poder de facto. En San Juan de Losada (Meta), utiliza una arrocera para presentarse ante los campesinos como "gestor de desarrollo", desplazando al Estado de su rol. Aunque aparenta ser un proyecto productivo, fuentes militares aseguran que se financia con capital de actividades ilegales, principalmente extorsión masiva a ganaderos y comerciantes.

En Chiribiquete, los censos que realiza la organización a través de presidentes de Juntas de Acción Comunal buscan realmente ajustar cuotas extorsivas y mantener control territorial. Inteligencia militar ha detectado además órdenes de deforestación para expandir cultivos ilícitos. Los proyectos de ganadería sostenible en el Yarí y Guaviare se superponen con uno de sus negocios más rentables: cobrar extorsión por cada cabeza de ganado.

El resultado es un modelo que combina extorsión masiva, control de la economía de la coca, lavado de dinero y negocios legales bajo su órbita. No es solo una guerrilla narcotraficante, sino un sistema de gobernanza criminal donde cada frente tiene poder de decisión en su región. Mientras negocia con el Gobierno, Calarcá consolida su imperio a través de inversión estatal desviada hacia sus fines ilícitos.