En el norte y nordeste del país, las comunidades enfrentan una realidad angustiante: nadie quiere ser presidente de la Junta de Acción Comunal. Las elecciones están programadas para el 26 de abril, pero los campesinos han optado por no participar, y la razón es de las más preocupantes que se pueda imaginar: el miedo a los grupos criminales que controlan territorialmente estas regiones.

Según información que campesinos compartieron con Caracol Radio, la presión no viene de cualquier lado. Los delincuentes están buscando activamente a los líderes comunitarios para instrumentalizarlos. Los amenazan para que actúen como intermediarios de sus exigencias o para que entreguen información detallada sobre quiénes viven en las veredas. Es decir: convertir a los presidentes de las JAC en sus ojos y sus manos en la comunidad.

Cuando los campesinos se han negado a colaborar con la criminalidad, las consecuencias han sido inmediatas y brutales. Las amenazas directas y los desplazamientos forzados se han vuelto la respuesta de estos grupos violentos. Con este panorama desolador, decenas de comunidades han quedado acéfalas, sin una persona que se atreva a liderar y sin una voz que gestione proyectos ante el Estado.

Los defensores de derechos humanos han hablado claro sobre lo que está en juego: si no se implementa una política de seguridad integral que proteja específicamente al liderazgo de base, la democracia local en Antioquia podría desaparecer en las zonas de conflicto. Es más que un problema de elecciones; es una amenaza a la organización comunitaria misma.